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El Dínamo

Informe cuestiona bonos de gestión de empleados públicos: Sename cumplió 92% de “metas de excelencia” el 2015

Ese mismo año se destinaron 82 mil millones para incentivos en el sector público. Desde el 2014, con el gobierno de Michelle Bachelet, los organismos que llegan a cumplir estos objetivos alcanzaron un 99,5%.


Nacional

7 de noviembre, 2016

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Esta semana el paro del sector público continuará. Aún no se llega a un acuerdo respecto de la votación por la (hasta ahora) inamovible oferta del gobierno de un 3,2% de reajuste para las remuneraciones del sector público. Es en este contexto en el que se revela un crítico informe, realizado por el Centro de Sistemas Públicos del departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, donde se cuestiona el mecanismo bajo el cual algunos organismos del Estado llegan a cumplir metas de gestión, establecidas por ellos, que a veces significan bonos que se traducen en hasta el 30% de las remuneraciones de los funcionarios.

De acuerdo publica La Tercera, el 2015, se cuentan tres ejemplos: el Registro Civil, paros y problemas de atención mediante, llegó a cumplir un 95,8% de sus metas de gestión. A esta puntuación llegaron por alcanzar los objetivos fijados por la misma entidad. “Reclamos recibidos del público respondidos dentro del plazo de 4 días hábiles” o “cédulas de identidad tramitadas dentro del plazo de 5 días hábiles” son algunos de estos puntos.

Denuncian caso de muerte de adolescente en residencia del Sename.

O en un caso más dramático: el Servicio Nacional de Menores, que ha estado en el ojo del huracán por el fallecimiento de menores en los últimos años, cuenta con un 92% de cumplimiento de las metas de ese organismo el año 2015. Para llegar a este puntaje, uno de los objetivos que cumplieron apunta a “diagnósticos realizados por los Proyectos de Diagnóstico Ambulatorio en un tiempo menor a 38 días corridos”.

Gendarmería, con los problemas tanto con sus funcionarios, como el trato a los presos, junto con el mencionado “jubilazo”, llegó el 2015 a un 100% de cumplimiento de metas.

Según el mencionado informe, el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), que fija las metas de modernización y eficiencia a los servicios gubernamentales desde 1998, sería una política pública que no está cumpliendo con el objetivo de mejorar la calidad del funcionamiento del Estado. Es más… éste “da incentivos monetarios asociados a indicadores y metas, lo que ha ido construyendo un obstáculo que dificulta severamente la mejoría en la gestión del Estado”.

El porcentaje de las reparticiones públicas que son evaluadas como “exitosas” en su gestión crece año a año. Hasta 2013, un 86% de los servicios conseguía cumplir un 90% de sus metas o más. Pero en 2014, con el gobierno de Bachelet, los organismos se dispararon a 99,5%. El 2015, casi no varía el número, alcanzando un 98%.

Esto se tradujo en el pago de 82 mil millones de pesos a funcionarios del Estado.

El consultor del Centro de Sistemas Públicos, Luis Zaviezo (entidad que realizó el informe) es tajante al plantear que “no tiene ninguna lógica. En estos 18 años que lleva el sistema de incentivos, ¿qué servicio público ha mostrado una mejoría real en su gestión? ¿Aduanas? ¿El SAG? ¿El SII, tal vez? Pero todos se califican como si fueran excelentes”.

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La historia de estos bonos se sitúa a mediados delos ‘90s, cuando desde la Dirección de Presupuesto, junto con el economista y futuro presidente del Banco Central, Mario Marcel, el sistema de PMG introdujo para medir la gestión en el sistema público. Ahora, para que se aprobara, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), pidió vincularla a un mecanismo de incentivos económicos. Los bonos aumentaron con el paso de los años y los trabajadores lo entienden como un derecho adquirido. “Los mecanismos de incentivo han terminado siendo incorporados a lo que los funcionarios consideran parte de su renta basal”, plantea el informe.

Una propuesta del informe plantea establecer metas de gestión en los servicios “que sean efectivamente relevantes”, ya que hoy día muchos organismos establecen metas que no son estratégicas para la calidad del servicio. Se pone como ejemplo el caso de la Presidencia de la República, cuyos funcionarios son bonificados por cumplir un 100% de sus metas de gestión, que incluyen tareas como “inventarios físicos” o “porcentaje de días disponibles de vehículos de la Presidencia de la República en el año”.

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