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Acogen recurso de protección de vecinos de La Legua por violencia e “insuficientes” planes de seguridad Acogen recurso de protección de vecinos de La Legua por violencia e “insuficientes” planes de seguridad

El tribunal determinó que el recrudecimiento y reiteración de las acciones delictuales por grupos organizados en el sector, develan insuficiencia al menos en su materialización policial, que ha afectado en gran medida a los pobladores, tal como se estableció por la presencia de esta Corte en sus domicilios.

Nacional

Acogen recurso de protección de vecinos de La Legua por violencia e “insuficientes” planes de seguridad

Por 6 de diciembre de 2017

La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de protección presentado por 30 vecinos de la población La Legua Emergencia en contra en contra del ministro del Interior, Mario Fernández, y del intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

En fallo dividido, la Cuarta Sala del tribunal acogió la acción cautelar, tras establecer la necesidad de adoptar medidas de cautela constitucional, urgentes y directas en dicha población, dado el recrudecimiento de las acciones delictuales en el sector.

Los vecinos de La Legua argumentan en el escrito sentirse estigmatizados por los medios de comunicación al ser tratados en las informaciones como delincuentes, situación que no corresponde a la realidad de la mayoría de los habitantes de la misma. No obstante, es efectivo que la población se encuentra, literalmente, dominada por un grupo reducido de narcotraficantes y pistoleros con gran capacidad de fuego.

Mencionan además las jornadas de balaceras que han debido soportar, asegurando que dicha situación “resulta intolerable en un estado de derecho, puesto que las autoridades han optado por esconder este problema, y no reaccionar, lo que importa una evidente falta de servicio, desde que no se encuentran amparados por la policía, situación que atribuyen a la condición de pobreza de los habitantes de la población, quienes no están a salvo ni siquiera al interior de sus domicilios”.

En el fallo, los magistrados aseguran que a ellos no les corresponde calificar la idoneidad de los planes diseñados y formulados por la autoridad política.

Sin embargo, “la naturaleza cautelar de la acción y su carácter de emergencia ante la constatación de acciones u omisiones arbitrarias y/o ilegales (…) compele a esta magistratura a brindar el amparo y protección, para evitar de modo urgente y por la emergencia constatada los males que se pretenden evitar por su intermedio”, dice el fallo.

En la decisión judicial se menciona además que la disociación y falta de materialización y resultados de los planes y diseños de políticas públicas de prevención y represión de hechos que se repiten de largo tiempo ponen en riesgo inminente la vida y seguridad e integridad física y psíquica de los habitantes de la población La Legua y calles aledañas como calle Mataveri, pasaje Sánchez Calchero, calle Carmen, calle Sierra Bella, calle Springhill, calle Comandante Riesle, calle Jorge Canning.

El tribunal determinó además que el recrudecimiento y reiteración de las acciones delictuales por grupos organizados en el sector, “develan insuficiencia al menos en su materialización policial, que ha afectado en gran medida a los pobladores recurrentes, tal como se estableció por la presencia de esta Corte en sus domicilios”.

En esta visitas los jueces pudieron constatar que en algunas viviendas se encontraron vestigios de más de treinta impactos de bala.

Respecto al actuar de Carabineros, la califica de “insuficiente y eventualmente omisiva, en términos que revelan cierta marginación de la acción preventiva, disuasiva, de garantía y preservación del orden y seguridad pública”.

En este sentido, el fallo insta a Carabineros a brindar urgente resguardo a los recurrentes en su vida, integridad física y psíquica, por medios de acciones preventivas y disuasivas eficaces, y a hacer más eficiente su actuar en la Población La Legua Emergencia y su periferia, respecto del orden y seguridad pública de sus pobladores, a través de acciones preventivas y disuasivas específicas y concretas que deberán ser implementadas a la brevedad y ser informadas en diez días a la Corte.

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