Proyecto saudí de ley antiterrorista levanta críticas por recorte de derechos

El proyecto de ley antiterrorista que las autoridades de Arabia Saudí planean promulgar próximamente ha suscitado enconadas reacciones en el reino, donde muchos lo ven con un intento de las autoridades de recortar más libertades.

La Organización Nacional de Derechos Humanos (ONDH) de Arabia Saudí ha instado en un comunicado a las autoridades a retrasar la aprobación de la nueva normativa, denominada “Norma Penal para los Crímenes Terroristas”.

Al mismo tiempo, esa institución ha advertido de la intención “de dotar de prerrogativas absolutas a algunos órganos del Estado que, al aplicar esa ley, podrían violar los derechos y la libertad de los ciudadanos”.

De acuerdo con informaciones que se han filtrado sobre la polémica normativa, el Gobierno saudí presentó recientemente el borrador de la ley en el Consejo Consultivo (cámara alta) para someterlo a estudio y con miras a refrendarlo.

La ley encendió la ira de los intelectuales que aspiran a conquistar mayores espacios de libertad de expresión en este conservador reino, después de conocer que autoriza a las autoridades a detener a personas por largos periodos sin acusación ni juicio.

Asimismo, la controvertida norma criminaliza a todo aquel que ponga en entredicho la honestidad del rey saudí, Abdalá bin Abdulaziz, y del heredero al trono, príncipe Sultán.

Quien perpetre ese delito se arriesgará a una pena mínima de diez años de cárcel, según han denunciado los detractores de la ley, que además aseguran que el régimen saudí, con esa herramienta legislativa, pretende impedir con toda su fuerza que la “primavera árabe” llegue a Arabia Saudí.

“Esa nueva ley es parte de los intentos desesperados para frenar la ola de cambio árabe hacia la democracia y el Estado de derecho”, subrayó el periodista y columnista saudí Bandar Jalil en declaraciones a Efe.

A su juicio, la nueva ley es “elástica”, ya que el régimen puede aprovecharla para reprimir las voces de la oposición.

“Criminaliza a todo el que exprese una opinión que no concuerde con la mentalidad del Gobierno. Aún más, lo encasilla como terrorista, y eso es lo más arbitrario”, agregó.

Por su parte, el miembro del Consejo Consultivo y encargado de estudiar el borrador de la normativa, Nauaf al Fagm, defendió con entusiasmo la necesidad de la ley debido a que “los cambios internacionales exigen luchar contra el flagelo del terrorismo”.

Al ser preguntado sobre la restricción a la libertad de expresión, Al Fagm consideró que el concepto de libertad difiere de una sociedad a otra, pues Arabia Saudí sigue la política de puertas abiertas, que permite a cualquier ciudadano reunirse con el rey y sus virreyes, y exponer sus asuntos directamente.

“¿Acaso hay otro medio mejor para expresarse?”, se preguntó el diputado, y añadió que “el ministro del Interior, príncipe Nayf, recibe diariamente a unas 300 personas, lo mismo que el vicegobernador de Riad, príncipe Satam”.

En ese sentido, Al Fagm rechazó que la gente se exprese públicamente (en manifestaciones) porque “se genera un caos que puede terminar en llamamientos a reuniones y marchas”.

Defendió también la detención preventiva con el argumento de que “no es “un largo periodo, sino un tiempo de cautela para garantizar el secretismo de las investigaciones y que el acusado no se comunique con sus cómplices”.

Sin embargo, el letrado y activista de derechos humanos, Walid Abu el Jeir, se mostró totalmente contrario a esta política de “puertas abiertas”.

“Esa fórmula está absolutamente obsoleta, ya que agota al ciudadano y al responsable. La consolidación de la ley es lo más útil para todas las partes; lo contrario obliga a la gente a interrumpir sus tareas para esperar todo un día a una autoridad para ser recibido unos pocos minutos”, dijo El Jeir.

Asimismo, manifestó su sorpresa por la defensa a ultranza que algunos miembros del Consejo Consultivo hacen de la nueva ley “pese a que ellos son representantes del pueblo, por lo que deben abordar los padecimientos de la población”.

Abul Jeir concluyó sus criticas con un consejo a los diputados saudíes: “Miren las páginas de las redes sociales para comprender el nivel de experiencias dolorosas, especialmente las que se refieren a esta política de puertas abiertas”.

Las críticas a este proyecto han llegado también desde fuera de Arabia Saudí, como la reacción de la organización Human Rights Watch, quien, en un comunicado difundido hoy, insta al monarca a retirar el borrador, porque “facilitaría violaciones graves de los derechos humanos”.

“El proyecto de ley antiterrorista intenta consagrar legalmente las prácticas ilegales del Ministerio del Interior“, consideró Christoph Wilcke, investigador para Oriente Medio de la ONG.