La Cancillería del Perú respondió a la declaración conjunta entregada por los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina, países que desconocieron a la administración de la presidenta Dina Boluarte, que se instaló tras el fallido autogolpe y destitución del ex mandatario Pedro Castillo.
Los gobiernos latinoamericanos, que están liderados por figuras de izquierda, manifestaron que Castillo fue “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.
“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, agregó.
Tras esto, México, Colombia, Bolivia y Argentina llamaron a las autoridades peruanas de “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
“Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial”, complementaron.
La declaración del bloque fue interpretada como un desconocimiento del gobierno de Boluarte y un respaldo absoluto a Castillo, quien se encuentra detenido desde la semana pasada tras ser imputado por los delitos de rebelión y conspiración por su intento de disolver el Congreso Nacional.
La respuesta de Perú
Las actuales autoridades respondieron a la postura de los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina, recordando que el ex presidente fue destituido por “las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó”.
Cancillería recordó que Pedro Castillo intento intervenir el Congreso e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas que “constituyen un golpe de Estado”.
En ese sentido, puntualizaron que “a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la Vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República”.
Sobre la situación legal de Pedro Castillo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú mencionó “…la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional” y reafirmó “que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”.
También recordó que “la presidenta Boluarte ha presentado un proyecto de Ley al Congreso de la República para adelantar las elecciones generales, solicitando que se celebren en abril de 2024“.
“El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú”, complementó.
Además, la nueva administración peruana reiteró “su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del ex presidente Castillo, y persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país”.
