Cinco militares cumplirán en libertad penas por desaparición de 9 opositores

La Corte Suprema absolvió a
un militar retirado y permitió a otros cinco cumplir en libertad
vigilada penas de entre tres y cinco años de prisión como autores
de la desaparición de nueve opositores durante la dictadura,
informaron hoy fuentes judiciales.

Con este fallo definitivo, el alto
tribunal ha dictado desde 2005 un total de cien sentencias
condenatorias y otras doce absolutorias en casos de violaciones a los
derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

En este caso, la Corte Suprema rebajó
las penas decretadas por el juez Alejandro Solís en una sentencia de
2008, en las que fijó quince años y un día de prisión para cinco
de los imputados, y diez años y un día de prisión para el sexto
exmilitar encausado.

Con este fallo definitivo, el general
en retiro Juan Morales Salgado y el excoronel Claudio Lecaros
Carrasco fueron condenados a cinco años de prisión con el beneficio
de la libertad vigilada por la desaparición de cinco de los jóvenes
opositores.

A la misma pena fueron sentenciados el
suboficial en retiro Antonio Aguilar Barrientos, por cuatro
secuestros calificados, y el coronel en retiro Félix Cabezas
Salazar, por tres desapariciones.

En tanto, por un secuestro calificado,
el subsecretario de Relaciones Exteriores durante el régimen
militar, el general en retiro Humberto Julio Reyes, recibió 3 años
de presidio con el beneficio de la remisión condicional, similar a
la libertad vigilada.

En cambio, el general en retiro Gabriel
del Río Espinoza fue absuelto de su responsabilidad como autor de
cinco desapariciones.

Las víctimas del llamado proceso
“Linares” son Arturo Riveros Blanco, Jaime Torres Salazar,
Jorge Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, Gabriel Campos
Morales, María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Cansino Aravena,
Héctor Contreras Cabrera y Alejandro Mella Flores.

La mayoría de las víctimas, de entre
19 y 26 años, vivía en las localidades de Linares y Constitución,
a 320 kilómetros al sur de Santiago y eran militantes del Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Los jóvenes fueron detenidos por la
policía días después del golpe militar del 11 de septiembre de
1973 y posteriormente fueron trasladados hasta la Escuela de
Artillería de Linares y el Polígono de Tiro General Bari, desde
donde se perdió su ubicación.

Respecto a la rebaja de penas y la
aplicación de beneficios, la presidenta de la Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, consideró hoy
que estas medidas reflejan un Poder Judicial que “beneficia a
los criminales y deja a las víctimas en el más absoluto desamparo”.

Pizarro explicó a que un grupo
mayoritario de jueces “creen en esta visión reconciliadora que
finalmente es impunidad, con la que tratan de dejar contentos a las
víctimas y a los victimarios”, mientras que otros prefieren
incluso aplicar la prescripción en estos crímenes.

En cambio, la directora del Instituto
Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, defendió que en Chile
“la Justicia es lenta, pero llega”.

“Los jueces en Chile tienen un
mandato claro de cuándo pueden absolver y cuándo pueden condenar”,
y también de cuándo pueden otorgar ciertos beneficios, aseguró.

Según la responsable del Instituto,
“las absoluciones tienen que ver muchas veces con la falta de
información, que no permite acreditar la responsabilidad penal de
los funcionarios de las Fuerzas Armadas que participaron”.