Educación Inclusiva: la deuda de los establecimientos educacionales en Chile

Michelle Sobrón es Socióloga. Investigadora Fundación Meridiana

¿Qué significa tener derecho a la educación en pleno siglo XXI? Para Unicef, el derecho a la educación significa que ningún niño, niña y adolescente (NNA) puede ser excluido del sistema educativo. Es decir, el Estado chileno debe garantizarles una enseñanza gratuita y de calidad junto con recibir un trato digno en la escuela, el cual debe ser garantizado por todos quienes forman parte del ambiente escolar.

Sin embargo, a nivel nacional la realidad contrasta con el ideal que busca alcanzar este derecho. El cuestionario Simce (2017) arrojó que cuatro de cada diez escolares son discriminados en el colegio, en donde el 42% de les niñes de 4° Básico, el 45% de les niños de 8° Básico y el 39% de les jóvenes de 2° medio confirmaron haber sufrido episodios de discriminación al interior de sus establecimientos escolares.

Para la Agencia de Calidad de la Educación, uno de los principales motivos de esta discriminación tiene que ver con las características físicas, seguido de los rasgos de personalidad, las formas de vestirse y el ritmo de aprendizaje (La Tercera, 2019). Es decir, les NNA que se han enfrentado a estas dinámicas de discriminación, han visto estancada su visión propia identitaria, eso que les hace diferentes del otro, el cómo se expresan al mundo, su nombre propio, lo que sin duda es muy importante. Tanto así, que podemos mirarlo como una forma relativamente fija desde donde interactuar con el mundo y desde donde el mundo interactúa con nosotros. Es el lugar que, libertades más, libertades menos, escogemos para descolgar la experiencia de la vida humana. Reconocerse, en este sentido, significa ser capaces de mirar ese nombre propio y tolerar y disfrutar ese pequeño espacio desde donde he decidido ser yo mismo.

Entendiendo esto como tal, las escuelas/establecimientos educacionales, lugares que debieran ser espacios seguros y reconfortantes para todes les NNA, pasan a ser un dispositivo que reproduce las opresiones e injusticias que abren paso a que los discursos de odio excluyentes se instalen nuevamente en la sociedad, afectando así el desarrollo y bienestar de quienes también son sujetos de derecho, pero que, sin embargo, no cuentan con un respaldo adecuado por parte de las instituciones a cargo. Al final, el integrar o no las recomendaciones brindadas por el Mineduc respecto a inclusión, queda a disposición de
sostenedores y directorios.

A pesar de la existencia de la Ley de Inclusión Escolar (Ley N° 20.845), que busca asegurar el derecho a la educación de todes les NNA, permitiéndoles el desarrollo de sus capacidades, sin importar sus diferencias o dificultades, trabajando sobre dos puntos centrales: la eliminación de la discriminación y el abordaje de la diversidad (Ministerio de Educación), la interrogante que nos hacemos es: ¿quién supervisa que esto se lleve a cabo al interior de cada establecimiento? De partida, poco y nada se sabe respecto a la discriminación al interior de estos -escasa existencia de estudios y de estadísticas oficiales respecto a este fenómeno, el cual ha debido ser subsanado por organizaciones de la sociedad civil- , ya que son problemáticas que se tratan de manera interna y la mayoría del tiempo buscan ser solucionadas a través de medidas represivas (anotaciones, suspensiones, castigos) que no atacan el problema estructural.

A esto, se suma que escasamente se destinan recursos para capacitar a todes les profesionales que conforman a una comunidad educativa en temáticas de inclusión, lo que provoca que se generen espacios separatistas al interior de las escuelas, no logrando el desarrollo de instancias inclusivas en donde sea el sistema educativo el que se adapte a les NNA. No sirve amoldar a les estudiantes frente a un sistema que reproduce lógicas hegemónicas respecto a un ideal de persona.

Es por esto que nos preguntamos: ¿cuál será el futuro que depara esta educación que se aleja de un enfoque inclusivo?, ¿qué pasa con les NNA neurodivergentes?, ¿qué pasa con aquellos NNA con movilidad reducida cuyos establecimientos educacionales no cuentan con la infraestructura necesaria para que elles puedan desplazarse de forma segura y cómoda al interior de sus recintos escolares?, ¿qué ocurre con les NNA trans, cuyos nombres sociales y expresión de género no han sido respetados por su institución escolar, mucho menos por sus pares?, ¿cómo podemos educar en derechos si ni siquiera les llamamos por su nombre?

Al no encontrarnos con respuestas concretas frente a todas las interrogantes, creemos que el afirmar que en Chile el derecho a la educación está garantizado para todes es algo que está muy alejado de ser una realidad concreta. La deuda es enorme con todes aquellos NNA que no cumplen con la norma hegemónica impuesta por la sociedad, en tanto las leyes y políticas públicas que debiesen velar por su bienestar; estas solo se quedan en títulos llamativos que no se traducen, en gran parte, en acciones concretas.