Greenpeace y fallo contra Castilla: “una prueba más de que los proyectos energéticos actúan fuera de la norma”

Greenpeace, en la voz de su director ejecutivo, indicó afirmó que “la Corte de Apelaciones, junto con darnos está buena noticia, está demostrando muchas más competencias medioambientales que los organismos que deben cumplir esta tarea”. Al respecto aclaró: “Ésta es una prueba más de que el clamor desde las organizaciones medio ambientales tiene asidero; hoy los proyectos energéticos están operando fuera de los marcos legales y es ésa una causa importante que permite entender el grado de conflictividad que presentan. ¿Se hacen valer los derechos de todos o sólo de unos pocos? La Justicia está acreditando que en Chile existe la intención de producir energía ilegal”.

Para el director ejecutivo de Greenpeace, “es llamativo que la Justicia demuestra que tenemos razón, que todo el movimiento tenía razón y que es la institucionalidad medioambiental la que está equivocada. Gracias a la persistencia de las comunidades locales y de las organizaciones que han trabajado en el tema, esta realidad ha quedado acreditada”.

A juicio de Greenpeace “la Central Castilla es un proyecto aberrante, el más grande en termoelectricidad que pretendía instalarse en América Latina y es particularmente preocupante que la resolución legal que cancela la aprobación ambiental constate el mal proceder de la empresa interesada y de una alta autoridad de gobierno para conseguir las autorizaciones respectivas. Ello daña nuevamente la credibilidad de un sistema de evalución ambiental que ya genera demasiadas desconfianzas”.

“Es de lamentar –agregó Asún- que  sea en los Tribunales, en la práctica, donde se esté defendiendo lo que la institucionalidad no puede hacer por impotente e incompleta. Esto nos demuestra incapacidad del Estado en este tema y refuerza la necesidad de disponer de un liderazgo claro y regulado para definir qué, donde y para cuando queremos energía en Chile. Aún seguimos esperando respuestas. En la práctica, las grandes decisiones las termina tomando el poder judicial, muchas veces contra el sufrimiento y esfuerzo de las comunidades ya afectadas”.

“Respecto del escenario legal queda aún esperar la respuesta de la empresa MPX para conocer si su estrategia legal será apelar a la Corte Suprema. Dicho escenario, nuevamente, recuerda el caso de Hidroaysén, en el que diversas organizaciones han presentado reclamos insistiendo en las diversas irregularidades cometidas por la empresa”.