Juicio por incendio en San Miguel: El solitario duelo de la madre del vendedor de discos piratas

Este lunes comenzó el juicio oral contra 8 gendarmes por la muerte de 81 reos de la cárcel San Miguel, en el incendio que el pasado 8 de diciembre del 2010 se convirtió en la peor tragedia del sistema carcelario del país.

A diferencia de la mayoría de los familiares que esta semana han ido hasta las dependencias del Ministerio Público, para seguir de cerca el caso donde los 8 ex gendarmes están acusados de cuasidelito de homicidio y lesiones, Marcela Arriagada solo lo ha querido seguir a través de los noticiarios de la televisión.

Ella es la madre de Bastián Arriagada, el joven que tenía 22 años cuando cumplía una pena de 61 días de cárcel en San Miguel por vender discos pirateados en el centro de San Bernardo.

Pese a que los ex gendarmes podrían tener penas de entre cinco años y un día y siete años de cárcel de cumplimiento efectivo, Marcela Arriagada asegura que “por como está la justicia ahora, creo que no vamos a sacar nada, porque los gendarmes son del Estado y están a favor de ellos. Van a buscar pruebas y testimonios y al final no va a pasar nada”.

Con voz cansada añade que “yo ya no peleo por nada. No confío en la justicia… yo no confío en la justicia. Yo sé que él cometió un error andar vendiendo esas cosas (discos pirateados), pero no era un peligro para la sociedad para estar encerrado en San Miguel”.

Marcela tampoco ha querido participar de las velatones y actividades que mes a mes han organizado la Agrupación 81 Razones, una ONG que nació luego del incendio y que busca colaborar con la reinserción social de los internos.

“Yo no voy a nada. Me hace mal, así que para qué. Tengo depresión. Yo todavía no he podido superar la muerte de mi hijo. Voy todas las semanas al cementerio, y le escribo cartas en un cuaderno a él. Esas cosas hago, pero nunca he ido a las velatones”, señala.

El juicio penal

Hoy se desarrollará el tercer día del juicio oral por el incendio de la cárcel San Miguel. Tras pasar por los alegatos de apertura, en la jornada de hoy se iniciará la presentación de pruebas y testigos, con la participación de personal de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones, en un juicio que se espera se desarrolle hasta por cinco meses.

En esta etapa participarán como testigos el actual ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, que ese año era titular de Interior – y que quería declarar vía Skype-, el embajador chileno en Estados Unidos,Felipe Bulnes, quien se desempeñaba como ministro de Justicia-, y la fiscal de Corte Suprema, Mónica Maldonado.

Según el abogado Winston Montes,  que representa a cerca de 30 familias de internos que fallecieron en el incendio, el ánimo respecto a la condena y a las penas no es el mejor.

“En el mejor de los casos, si es que salen todos condenados, lo más probable es que ninguno cumpla pena efectiva de libertad, porque no tienen antecedentes anteriores. En ese caso, esa persona tiene la posibilidad de cumplir la pena en libertad, ya sea controlándose o firmando”, señala Montes.

Los acusados son los gendarmes Francisco Riquelme Lagos, Fernando Orrego Galarce y Francisco Poblete Valverde, por cuasidelito de homicidio en contra de 66 presos que murieron en el ala norte de la torre cinco, además de lesiones graves de 13 reclusos.

También están imputados por el mismo cargo, pero por el total de las víctimas, el entonces director metropolitano de Gendarmería, Carlos Bustos Hoffman y el jefe operativo regional, Jaime San Martín Vergara. Asimismo fueron acusados por lesiones graves de 13 sobrevivientes. Los otros tres imputados son el ex alcaide, Segundo Sanzan Barría, el ex jefe operativo de la cárcel,Patricio Campos Tapia y quien era jefe nocturno al momento del siniestro, José Hormazábal Sánchez, acusados también por homicidio no intencional de las 81 víctimas.

La demanda civil por 12 mil millones de pesos

El abogado Montes añade que además encabeza una demanda civil en contra del Estado de Chile, ya que “el juicio penal tiene por finalidad aclarar qué y por qué ocurrió, mientras que el civil ve a quién se atribuye esa negligencia, descuidos, olvidos. Es un tema básico, eran presos pero no por eso dejan de ser personas, por lo que tienen derechos como todos”.

“El juicio civil tiene de norte que sobre la base de que hubo muchas negligencias de funcionarios públicos o institucional. Si eso existió, tenemos derecho a demandar una indemnización del Estado de Chile”.

Según el abogado, son varias demandas civiles la que finalmente fueron acumuladas en el 7o Juzgado Civil, por un monto que bordea los 12 mil millones de pesos.