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13 de Enero de 2014

Defensor Nacional tras la absolución de Daniel Melinao: “No hay evidencia para sostener que los mapuches reciben un trato privilegiado”

Georgy Schubert dice que hay evidencia de que la justicia ha sido dura con los comuneros mapuches, con casos que han llegado hasta la Corte Suprema. Sostiene que el llamado “conflicto mapuche”, requiere voluntad y una política de Estado.

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El defensor nacional Georgy Schubert (43), oriundo de Temuco, tiene experiencia suficiente para hablar del conflicto mapuche y una postura clara respecto a las últimas críticas de las autoridades, al Poder Judicial y a la supuesta “mano blanda” con los imputados de esta etnia. Un tema coyuntural, en medio de la absolución del werkén Daniel Melinao y el próximo juicio a los lonkos. Schubert, asegura que no existe un trato privilegiado a los comuneros, sino todo lo contrario, cree que hay evidencia de que la justicia ha sido dura con los comuneros, con casos que han llegado hasta la Corte Suprema.

– Respecto al resguardo de garantías. ¿Cree que más que una ‘mano blanda’, se están contraviniendo normas internacionales en estos procesos?

Los tribunales de la región de La Araucanía se encuentran fallando de acuerdo a los antecedentes que les entregan los intervinientes en el sistema penal, tanto la Fiscalía como los defensores. Respecto a la Ley Antiterrorista, no creo que exista una “mano blanda”, hay un estándar de prueba similar al del resto de los tribunales del país. Para que una persona pueda ser condenada por la comisión de un delito, se requiere destruir la presunción de inocencia que se garantiza a todos. Esa presunción, requiere de prueba con la fuerza y una entidad necesaria para formar convicción en los jueces para condenar a una persona.

La mayoría de los casos importantes llegan a la Corte Suprema y el máximo tribunal del país establece un criterio unificador de la interpretación de las normas y su aplicación. En las causas mapuche la Corte Suprema ha juzgado y ha visto recursos respecto de imputados de todas partes de Chile -mapuche y no mapuche-, confirmando muchas veces las sentencias absolutorias que han dictado los tribunales. Difícilmente se puede decir que la Corte Suprema, entonces, tiene un sesgo y ha juzgado teniendo un trato privilegiado hacia los mapuches.

Si la Corte Suprema en muchos casos ha confirmado sentencias absolutorias, no me parece que la afirmación de un trato privilegiado hacia los mapuches sea fundada y creo que no hay evidencia para sostenerlo.

Por otra parte, difícilmente podemos hablar de una mano blanda, cuando especialistas internacionales, como los relatores para pueblos indígenas de la ONU Rodolfo Stavenhagen y James Anaya, y el relator especial para terrorismo y derechos humanos de la ONU, Ben Emmerson, han criticado la forma en que se ha llevado adelante la persecución penal contra algunos miembros de la etnia mapuche.

-¿La aplicación de Ley Antiterrorista sería un ejemplo?

Respecto a la Ley Antiterrorista debería existir un debate sobre la forma en que se tipifica los delitos, las facultades extraordinarias para la Fiscalía y la reducción de garantías procesales. Me parece que el debate no es si un Estado democrático debería tener o no una legislación contra el terrorismo, sino que en mi opinión nuestra ley está teniendo más problemas que ventajas respecto de la legitimidad y fortalecimiento que necesitamos del estado de derecho. Por ejemplo, el mismo relator de la ONU, Ben Emmerson, criticó la existencia de los testigos sin rostro, lo que atenta contra la posibilidad de una defensa. En países en que esta figura se usa, siempre es compensada con medidas concretas que, de alguna manera, aseguran que se proteja al testigo, pero que no se vea perjudicado el derecho de defensa, por la desigualdad que implica no poder acceder, interrogar y conocer a quien está declarando en contra de un imputado.

Soy un convencido de que los delitos deben ser investigados y sancionados, pero  para condenar primero debe existir estricto apego al debido proceso, porque sólo eso permite la paz social.

La solución al conflicto

Para el defensor nacional lo que hay detrás del conflicto territorial es un problema mucho más profundo, que trasciende a la respuesta que puede dar el sistema de justicia y la policía. Y que para la solución se debe dejar de pensar a priori en la dificultad del llamado “conflicto mapuche”, distinto a eso debe haber voluntad para resolverlo. “Hay consenso en que el conflicto social que hay detrás de este problema es histórico, de difícil solución y que supera por mucho la respuesta que la política criminal pueda entregar. No abordar el problema desde su integralidad y reducirlo a la respuesta que se pueda dar en un juicio es erróneo”, comenta.

– Un informe de Defensoría (2013) asegura que aumentaron las detenciones ilegales a los comuneros mapuches. ¿Cuán precisa es esa cifra respecto al número de mapuches que participan en incidentes?, ¿Hay una política de persecución?

Los antecedentes que se tienen en relación con los imputados que ha representado la Defensoría Penal Publica y su unidad especializada -la Defensoría Penal Mapuche- indican que durante 2013 en la Región de La Araucanía se imputaron delitos a 2 mil 161 personas de la etnia mapuche. Los delitos principalmente imputados fueron los de lesiones, delitos contra la libertad e intimidad de las personas, ley de tránsito y faltas.

Durante el mismo período hubo 19 detenciones ilegales por los tribunales de garantía de La Araucanía, solicitud que fue pedida en 136 ocasiones, de modo que se acogió en un 13,97 por ciento de los casos. Durante 2012, se solicitó la ilegalidad de la detención en 41 casos que afectaron a imputados indígenas, siendo acogida en 17 de ellos, lo que porcentualmente representa un 41, 4 por ciento.

-Estas cifras no sólo se encuentran considerados los imputados por delitos relacionados con el conflicto territorial, sino también otros delitos.

Como se puede observar, en cuanto a números las cifras son menores, pero son proporcionalmente más elevadas que las que se presentan en otros grupos.

Las polémicas del fiscal Chamorro

El jueves, después de la absolución de Daniel Melinao, a la salida de esa audiencia la tensión era evidente. En medio de las celebraciones de los comuneros, el fiscal Luis Chamorro, quien investigó el asesinato de sargento Hugo Albornoz, señaló que los jueces no demostraron “la dedicación intelectual continua e ininterrumpida” y que además se habían mostrado “desconcentrados”. Sus palabras generaron malestar al interior del Ministerio Público y arriesga un “un sumario administrativo”. A eso se suma las diversas críticas de los dirigentes de comunidades mapuche quienes los acusan de hostigamiento y persecución.

-¿Cuáles son las denuncias contra el Fiscal Luis Chamorro que acogió la Defensoría?

La Defensoría Penal Pública presentó -en octubre de 2012- una denuncia por un posible allanamiento ilegal, la que habría sido investigada y luego desestimada por la Fiscalía. En otro ámbito, se ha solicitado al Fiscal Regional de La Araucanía que declare la inhabilidad del fiscal Chamorro, petición realizada por dos defensores penal públicos especializados como Ricardo Cáceres y Pablo Ardoain. En su oportunidad, la inhabilidad del fiscal Chamorro se solicitó por cuanto habría tenido la calidad de víctima en un supuesto atentado contra Carabineros, lo que impediría que él llevara a cabo la persecución penal.

Todas las solicitudes de inhabilidad fueron desestimadas por el Fiscal Regional y actualmente la Defensoría Penal Pública presentó dos recursos de protección en contra de la decisión del Fiscal Regional ante la Corte de Apelaciones de Temuco…

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