Proyecto de AFP Estatal genera rechazo transversal en 3 meses de discusión

Tres meses lleva discutiéndose el proyecto de AFP Estatal en la Comisión de Trabajo. Han asistido representantes de la industria, organizaciones sociales y ex autoridades en la materia. Diferentes argumentos, diferentes motivaciones, pero una cosa clara: Todos rechazan el proyecto.

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Proyecto de AFP Estatal genera rechazo transversal en 3 meses de discusión
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El proyecto de AFP Estatal lleva más tres meses en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Más de 90 días en que los parlamentarios han recibido a distintos expertos, de todos los colores. Y, paradójicamente, siendo que asistieron personas que defienden a ultranza el actual modelo de pensiones y otros que los critican, ninguno está de acuerdo con la AFP Estatal.

La discusión empezó el 1 de julio, con la presentación que hicieron frente a los diputados la ministra Javiera Blanco (DC) y el subsecretario de Previsión Social Marcos Barraza (PC). En la ocasión, según el acta de la sesión, señalaron que el objeto de la AFP Estatal es aumentar la cobertura en pensiones de trabajadores de menores rentas, intedependientes y de zonas geográficas alejadas de centros urbanos, además de introducir más competencia en el sistema.

Así, el Estado funcionaría también como operador y prestador en el ámbito previsional. Conformada como una sociedad anónima, el Fisco tendrá un participación de 1% y Corfo el 99% restante.

Las primeras dudas surgieron de inmediato en los diputados. Gabriel Boric criticó que se discuta este proyecto mientras paralelamente funciona la Comisión Asesora Presidencial para el Sistema de Pensiones. Por su parte, Nicolás Monckeberg (RN), preguntó por la utilidad práctica que justifique el gasto estatal de crear una AFP.

Este rechazo, inicial y transversal, se repitió en las siguientes sesiones.

El rechazo de la industria

El 8 de julio, Sergio Morales, de Libertad y Desarrollo, manifestó que la AFP Estatal genera dudas y temores por la posible competencia desleal y conflictos de interés en inversión de fondos, además del rol fiscalizador que tendrá la Superintendencia de Pensiones. Todo, según él, significa un desincentivo a que nuevos actores participen en el mercado.

A la Cámara también llegó el presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Rodrigo Pérez Mackenna. El 19 de agosto señaló que la AFP Estatal no lograría cumplir con los objetivos que ella misma se ponía, como el aumentar la competencia del sistema. “Las AFP compiten fuertemente a través de la rentabilidad de los fondos administrados, las Comisiones y la calidad del servicio. En estas materias, y en la medida en que la AFP estatal compita en igualdad de condiciones, es altamente improbable que logre generar un producto superior en materia de captación, comisiones y calidad de servicio. Cabe recordar que la AFP de menor Comisión (0,47% de la renta) equivale a una de las más bajas del mundo y que el aumento de cobertura y la calidad del servicio son incompatibles con bajas comisiones de administración”.

Otro representante de la gran industria es Klaus Schimdt-Hebbel, director de AFP Habitat, quien asistió a la comisión el 30 de septiembre. “En competencia, cabe recordar que las actuales AFP operan a bajos costos, lo cual necesariamente implica una degradación del servicio a los afiliados. En este sentido, no es poible que una AFP Estatal pueda a la vez competir por precio y en calidad de servicio, como lo pretende el mensaje del proyecto de ley. Más aún cuando una AFP Estatal no refleja un uso eficiente de los recursos, por ejemplo, de lograr la AFP Estatal un 10% de los afiliados, si es capaz de operar con los costos medios de la industria, cobrando 0,47% de los afiliados de comisión, generará una pérdida anual al Estado de US$20 millones, a lo cual cabe sumar los gastos de puesta en marcha del orden de US$80 millones y el financiamiento de un encaje de US$145 millones”, señaló.

El rechazo de organizaciones

El 30 de septiembre asistió Luis Mesina, vocero de “No + AFP”. Desde la vereda opuesta a los anteriores expositores, también llamó a que los parlamentarios rechacen esta iniciativa.

“La iniciativa solo brindará oxígeno a un sistema fracasado. Chile y sus trabajadores requieren de un sistema previsional de reparto solidario, que contemple aportes de los empleadores y el Estado, que garantice la seguridad social y otorgue pensiones dignas, basado en los principios de solidaridad, universalidad e integralidad”, afirmó.

El 14 de octubre fue el turno de la Fundación Sol para exponer. Enfatizaron en que el sistema de AFP no es suficiente para cumplir con los principios de la seguridad social. Este corresponde a un sistema de ahorro forzoso -la ley no permite otras opciones- y regresivo, pues “extrae excedentes de trabajadores asalariados y los transfiere al Capital nacional y extranjero a bajo costo”.

En ese sentido, afirman, la AFP Estatal solo representa una continuidad al actual sistema, que está “socialmente quebrado”. Su propuesta es crear un sistema de reparto público con financiamiento tripartito.

El rechazo de ex autoridades

El ex Subsecretario de Previsión Social del gobierno de Piñera, Augusto Iglesias, también manifestó su rechazo. Criticó que la motivación del gobierno sea “dar confianza al sistema de pensiones”, siendo que, según él, “mientras las expectativas de pensión de vejez no se cumplan, el sistema seguirá siendo cuestionado. La operación de una AFP del Estado no responde a las críticas de quienes rechazan la administración privada de los fondos de pensiones, ni las de quienes rechazan el mecanismo de capitalización para financiar las pensiones. Esos grupos seguirán pidiendo cambios al sistema”.

Iglesias también apuntó a lo inconveniente de tramitar este proyecto en paralelo a la Comisión Bravo.

El 7 de octubre llegó a la Cámara Solange Berstein quien ocupó el cargo de Superintendenta de Pensiones durante el final del primer gobierno de Bachelet y toda la administración Piñera. Según ella, la AFP Estatale genera distintos riesgos: “Falsa generación de expectativas; segmentación del mercado; alto costo para los afiliados en la práctica; altos costos para el Estado; competencia desleal; conflictos de interés en las inversiones; garantía implícita frente a eventos negativos; y baja efectividad de fiscalización”.

Pese a todo, el proyecto fue aprobado en general en la Comisión. Solo Boric y Mockeberg lo rechazaron. La discusión del particular continuará durante las próximas semanas. 

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