“Cartel del confort”: Fiscalía recurre a la Justicia para acceder a expediente completo de Tribunal de la Libre Competencia
Esta instancia entregó al Ministerio Público sólo un archivo parcial, y no los anexos con registros de llamadas, y correos, entre otros.
Por RedacciónLa Fiscalía Nacional Económica (FNE) empezó hace dos semanas un proceso en contra de dos empresas, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y la firma sueca SCA (ex PISA), por haberse concertado a lo largo de 10 años para fijar los precios del papel higiénico, servilletas y pañuelos, entre otros.
Entre los antecedentes que la FNE, encabezada por Felipe Irarrázaval, entregó al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) están los correos enviados desde cuentas creadas específicamente para coordinar los precios, además de los registros de las llamadas que se habrían realizado desde celulares pre pago, los que habrían sido adquiridos para no dejar rastro de estos contactos en teléfonos de las empresas. El TDLC es una instancia que revisa materias relacionadas con la libre competencia, y no está facultado para decretar prisión o responsabilidades penales para quienes sean determinados culpables de este tipo de casos.
En paralelo se inició una investigación penal, encabezada por el Ministerio Público. En este caso será dirigida por el fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames. Sin embargo, al momento en el que éste solicitó acceder a la información que entregó la FNE al mencionado Tribunal, sólo recibió un expediente público. O sea, no tenía los detalles que completan el requerimiento de las empresas.
El argumento del Tribunal de la Libre Competencia responde a la “reserva” del proceso, pero para que el Ministerio Público pueda continuar con su investigación, estima necesario acceder a la totalidad de los archivos de este proceso.
Por tanto, el fiscal regional de la Zona Sur, Raúl Guzmán, superior de Galdames, se reunió a analizar qué caminos seguir. Estos persecutores se encontraron con el director de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) Mauricio Fernández, y otras personas de su equipo.
De acuerdo publica El Mercurio, se barajan dos alternativas para forzar la entrega de los antecedentes.
Una de éstas es recurrir a la Corte de Apelaciones, invocando el artículo 19 del Código Penal. En una ocasión que esto se llevó adelante fue en el caso de D&S-Falabella, ya que en ese momento la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) era la que negaba información a la Fiscalía, pero esta corte obligó la entrega.
Otra vía que se analiza es que un juzgado de garantía determine la entrega de los antecedentes, pero también puede decidir seguir la línea del TDLC. Este camino es más largo todavía, ya que puede terminar en la Corte Suprema.
Lo único que de momento está claro es que la Fiscalía seguirá alguna de estas vías, para poder conseguir el resto de los antecedentes. Esto será determinado en los próximos días.
El fiscal Raúl Guzmán explicó que “facilitaría bastante contar con estos antecedentes”, pero también aseguró que la Fiscalía tiene también sus medios para recabar información.
