Qué pasará con los afiliados que tengan preexistencia si Isapre Masvida quiebra
Las alternativas que presenta la actual Ley de Isapres son limitadas y podrían dejar a algunos usuarios fuera del sistema.
Por Daniel Martínez G.
La isapre Masvida se encuentra en un momento complejo. La Superintendencia de Salud le dio un ultimátum y otorgó un plazo de 10 días para presentar un plan que le permita salir de la crisis financiera en que se encuentran hoy y evitar la quiebra, con un destino incierto para sus afiliados.
El superintendente Sebastián Pávlovic solicitó a la empresa un Plan de Ajuste y Contingencia (PAC) con el que deberán definir el futuro de la compañía, luego de que hace meses se solicitara un plan de normalización que no tuvo los efectos esperados para sanear los US$ 218 millones que deben hoy. Lo que todos concluyen es que esto es la ante sala a la quiebra de la empresa.
Cumplido el plazo de la superintendencia, la aseguradora deberá presentar su plan de saneamiento financiero, que tendrá que ser aprobado, rechazado o corregido por el organismo dentro de diez días. Si el regulador aprueba el plan, la empresa tendrá 120 días prorrogables por la misma cantidad para implementar su propuesta, tras lo que la superintendencia analizará si los resultados o no son suficientes para salvar la compañía.
Si el plan tuvo efectos positivos, la isapre podrá continuar funcionando para los más de 310 mil asegurados. Si no, la compañía se abre a una intervención por parte de la superintendencia, designando a un administrador provisional que deberá iniciar el análisis sobre si hay formas de sacar a flote la isapre o no, pudiendo declarar la quiebra, si así lo estima.
¿Qué pasará con los afiliados?
Si esto ocurre, los perjudicados podrían ser los afiliados, sobre todo aquellos con enfermedades preexistentes que serán rechazados en otras aseguradoras o, si son aceptados, con costos de planes muy superiores a los que tienen hoy.
La ley que regula las isapres (19.895) establece que en caso de quiebra, el resto de las aseguradoras no estarían obligadas a recibir a sus cotizantes, por lo tanto, la superintendencia no tendría atribuciones para designarlos a otras compañías. Hoy, la reasignación de clientes debe realizarse a través de una licitación pública ofertando una cartera completa de usuarios.
“Si nadie la compra, entonces cada usuario del sistema deberá velar por su propio interés buscando la mejor solución en alguna de las otras isapres existentes. Pero es probable que los casos más complejos no sean recibidos de forma voluntaria, siendo su único destino Fonasa”, explica la diputada Karla Rubilar (ex Amplitud).
En la industria aseguran que en el proceso siempre se trata de proteger los intereses de los afiliados, pero que si no hay interesados en comprar las carteras de clientes que incluyen adultos mayores o con enfermedades preexistentes, estos deberán buscar ser aceptados en otra compañía u optar por el servicio de salud público.
Además, apuntan a otro tipo de soluciones que puedan aparecer. “No se puede descartar que en una circunstancia como ésta, quizás alguna isapre pueda aceptar a todos los afiliados de Masvida como una estrategia comercial”, explican.
Una interpretación distinta tiene el abogado Pedro Barría, experto en esta industria, quien asegura que existe una posibilidad para que la superintendencia pueda determinar el ingreso de los cotizantes de la isapre quebrada puedan ingresar a otra compañía sin realizar la declaración de salud previa, que se exige para fichar un ingreso.
“En un acto de autoridad (la Súper) dice que tales personas se van a una isapre y estos no se pueden negar. No hay ninguna otra solución hoy”, dice.
Una historia conocida
En 2003, la isapre Vida Plena entró en una crisis económica que terminó con su quiebra. Para sortear ese episodio, se hizo una ley transitoria que permitía a la superintendencia reasignar a las personas con pre existencias en diferentes isapres, para evitar que quedaran a la deriva como podría ocurrir hoy.
“La ley corta de isapres, que nunca se tramitó, creaba un fondo de compensación por riesgos interisapres que permitía la total movilidad de los usuarios, lo que habría permitido no vivir este riesgo que tienen ahora”, explica Rubilar.
En ese entonces, un 72,5% de los cotizantes permaneció en el sistema de isapres, tras ser reasignados a otras aseguradoras luego de la quiebra, mientras que un 27% abandonó el sistema. Respecto de los adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes -que corrían el riesgo de no ser aceptados en otra compañía-, el 75% permaneció en el sistema y un 25% se cambió a Fonasa.
“Una solución rápida hoy podría ser tramitar una ley express como se hizo en el pasado, pero hay que tantear el piso político para aprobarla. Una ley corta es muy relevante para arreglar varios problemas que no pueden esperar y no hacer medidas parche cada vez”, concluye Rubilar.
