Detalles del informe de Contraloría que agrava "caso van Rysselberghe"

 

Cerca de 40 páginas tiene el informe
de la auditoria financiera que elaboró la Contraloría Regional del
Bío Bío que determinó instruir un sumario administrativo contra
Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y el resto de funcionarios a cargo
de la Municipalidad de Concepción entre 2005 y los primeros meses de
2010 para esclarecer sus posibles responsabilidades en una serie de
“falencias” en las cuentas de la corporación.

 

Partidas sin regularizar por el orden
de $5.914.609.627 -es decir, cerca de US$ 12 millones- y la confirmación de
un deficit financiero desde 2005 al 2009 por una deuda que al 31 de
mayo de 2010 se acercaba a los $3.074.000.000 -poco más de US$ 6
millones- fueron los puntos más críticos que arrojó la detallada
investigación.

 

Esta última se inició a petición del
alcalde, Patricio Kuhn (UDI) y diversos concejales, en abril de 2010
luego de que la dirección de control del municipio alertara sobre el
citado deficit.

 

En el documento, fechado el 8 de
febrero, por el Departamento de Control externo del entre contralor
regional, a cargo de Manuel Cerda, se revelan varios asuntos, entre
los que destacan:

 

• Partidas no aclaradas: Al momento
  de revisar el saldo disponible de fondos, los investigadores se
  encontraron, en el periodo citado, con “numerosas partidas de ajuste que no han sido
  aclaradas ni regularizadas contablemente”. En especial, lo
  relacionado con “la situación de los depósitos de $1.623.867.467 que no se encuentran registrados en la contabilidad de esa corporación edilicia; de los giros de cheques por un monto de 157.649.128 no registrados contablemente y, de los $4.133.093.032 que figuran como cheques caducados sin que se hayan practicado los ajustes conforme a las instrucciones impartidas por la Contraloría”.

 

• Deficit presupuestario: Se
  confirmó la acusación que dio inicio a la auditoria determinando
  que el municipio desde 2005 a 2009 tuvo un déficit presupuestario
  al carecer de recursos suficientes para cubrir una deuda exigible
  -”que se hace difícil conocer”- por un monto que al 31 de mayo
  de 2010 se acercaba a los $3.074.000.000

 

• Deuda de la municipalidad: La
  indagación reveló que año a año la corporación no practicó las modificaciones presupestarias necesarias para incorporar la
  obligaciones que quedaban pendientes del periodo anterior. Así, por
  ejemplo, si 2008 terminó con pagos pendientes por $1.539.544.565,
  en las cuentas del año siguiente sólo se decidió destinar para
  ese efecto $600.000.000. Así, el documento concluye que la
  municipalidad “no prácticó las modificaciones presupuestarias
  con el fin de evitar la aprobación de presupuestos deficitarios aún
  cuando el comportamiento histórico de las fuentes de financiamiento
  ameritaban la incorporación de determinados ajustes”.

 

• Falta de confiabilidad: Se detectó,  al momento de estudiar las cuentas, que la municipalidad no había
  registrado en el sistema de información contable todas las
  obligaciones contraídas “situación que altera los datos de los
  estados financieros del municipio, restándole confiabilidad y no
  reflejando, por lo tanto, la situación financiera real”.

  En varias partes del informe, se
  subrayan errores a la hora de llevar las cuentas como incorporar a
  la deuda exigible operaciones sin el respaldo demandado por la
  Contraloría como guías de despacho o facturas; no consignar como
  obligaciones devengadas facturas de proveedores por servicios
  realizados o bien no contabilizar en el ejercicio correspondiente
  obligaciones cuyas prestaciones se materializaron en la misma
  temporada.

 

• Validación de información
  contable: En la investigación se deja constancia que el municipio
  no proporcionó a la comisión fiscalizadora los comprobantes de
  egresos de los años 2009 y 2010 por los montos de $309.035.813 y
  $17.028.844, respectivamente, lo cual “refleja una falencia en el
  sistema de archivo de la documentación, constituyendo un límite en
  el examen practicado en esta investigación”.

 

• Saldos complementarios: En este
  acápite, la indagación arrojó varias anomalías desde la
  “extemporaneida en la realización de ajustes” hasta las  supuestas deudas saldadas sin respaldo que lo acredite. Tal es el
  caso de un proyecto de “Pavimentación participativa”,
  registrado en mayo de 2010 por un saldo superior a los $20 millones.
  De igual forma, se consigna que la municipalidad “imputó
  erróneamente a proyectos de inversión” los desembolsos por
  conceto de “fuegos artificiales 2007” y “ornamentación
  navideña” por un monto de $72,4 millones.

 

• Rendición de cuentas: Si bien a
  mayo de 2010 se demostró la regularización de cuentas relativas a
  subvenciones a organizaciones comunitarias por más de $66 millones,
  aún faltaba rendir el restante de los $191.613.826 que por ese
  concepto, al 31 de diciembre de 2009, aún quedaban por regularizar.

 

• Recursos disponibles: En los
  fondos municipales de 2005, 2006, y 2008 se constata que los fondos
  municipales no superan el 27% del total de fondos que figuran como
  saldos disponibles en las cuentas corrientes y caja de la
  municipalidad. En cuanto a 2007, se establece que “los fondos en
  administración y de terceros que alcanzaban los $711.954.563 no se
  encontraban en su totalidad en las cuentas corrientes, puesto que el
  saldo (…) ascendía a $552.683.838, lo cual impide conocer en qué
  se habrían utilizado”.

 

• Examen bancario: Al momento de
  contrastar las cuentas bancarias con los antecedentes contables del
  municipio se concluyó que no sólo había partidas de ajuste sin
  aclarar -lo que conllevaba, entre otros, depósitos o abonos que
  figuran en cartola bancaria pero no en la contabilidad- como se
  detalló en puntos anteriores, sino también cheques duplicados por
  errores al digitar el número del documento, diferencias entre la
  información del comprobante de egreso y lo detallado en la
  información contable, cheques contabilizados y cobrados con una
  misma numeración pero por montos distintos o cheques pendientes de
  cobro que se encontraban caducados.

 

Cabe recordar que este informe, que dará inicio a un sumario administrativo, llega justo en momentos en que la actual Intendenta del Bío Bio -quien fue alcaldesa de Concepción entre 2000 y marzo de 2010- es fuertemente cuestionada tras revelarse que “inventó historias” para obtener subsidios habitacionales para pobladores que no habían sido afectados por el terremoto. Hasta antes de conocer esta indagación de la Contraloría, el Gobierno mantenía que seguía atento a los antecedentes, mientras la autoridad regional descartaba renunciar a pesar de las presiones desde el propio oficialismo. En tanto, desde la Concertación ya se habían comenzado a recabar los apoyos necesarios para presentar una acusación constitucional en su contra.