Carta de rectores deja en el suelo a Laureate: acusan "lucro" y poca voluntad para investigar

La apertura a la bolsa estadounidense por parte del grupo Laureate (controlador de las universidades Andrés Bello, de las Américas y Viña del Mar) llevó consigo el envío de una carta, que planteaba en uno de sus párrafos claves que “durante mucho tiempo no teníamos una manera fácil de explicar la idea de que somos una somos –una empresa con fines de lucro, pero con el profundo compromiso de beneficiar a la sociedad (…) nuestra cultura combina la ‘cabeza’ de un negocio en crecimiento, eficiente y responsable, con el ‘corazón’ de una organización sin ánimos de lucro”.

A partir de allí, se ha dado una verdadera batalla a través de los medios, donde el Ministerio de Educación, a través de su titular Adriana Delpiano, ha indicado que “por algún lado están sacando el lucro”, acusaciones que han sido desechadas públicamente por Laureate.

El lucro no está penalizado en Chile, pese a que se ha indicado que estará “prohibido” en la reforma a la Educación Superior. A raíz de esta situación, en esta jornada se publicó en El Mercurio una carta de los rectores agrupados bajo el Consejo de Universidades del Estado de Chile, en la que emplazan duramente al gobierno y critican la actitud del gobierno ante “este y otros casos” de lucro, ya que no ha habido “voluntad suficiente para investigar estos hechos y aplicar las sanciones que correspondan”.

La carta se titula “Ues estatales ante evidencia de lucro en Ues privadas”, y comienza plantean que los hechos que refieren a la obtención de lucro por parte de Laureate “es un hecho conocido públicamente desde 2006 y ratificado por el propio grupo controlador luego de intentar ingresar a la Bolsa de Valores de Estados Unidos”.

“Consideramos que no se ha tenido la voluntad suficiente para investigar estos hechos y aplicar las sanciones que correspondan, lo que queda de manifiesto en la nimia conceptualización de lucro en el proyecto de Reforma a la Educación Superior y la débil prerrogativa administrativa y no jurisdiccional que se considera para su sanción, a sabiendas que este tema ha sido uno de los nudos críticos de la discusión pública”, continúa el segundo párrafo de la carta.

En la misma línea, los rectores del CUECh aseguran que estos hechos les “dan la razón a la actitud prudente y rigurosa que hemos tenido respecto de la incorporación de universidades al régimen de gratuidad, al Sistema Único de Admisión y al Consejo de Rectores (CRUCh), de los cuales formamos parte”, con lo que hacen un llamado a contar con “requisitos exigentes” para que ingresen al CRUCh “nuevas universidades privadas”.

Además, consideran en extremo grave que estas universidades, a la luz de la información que se ha publicado en los últimos días, “hayan hecho uso de fondos públicos, bajo la mirada más bien pasiva y sin las fiscalizaciones pertinentes de la autoridad. Desde la perspectiva de la moral pública, ha habido una desviación ilícita de recursos fiscales hacia fines no académicos ni de investigación, lo que simplemente convierte a la educación en un gran negocio”.

La carta concluye exigiendo un pronunciamiento formal de las autoridades administrativas competentes “respecto de este y otros casos de lucro en la educación superior, iniciando las investigaciones pertinentes que logren esclarecer estos hechos, cuyos resultados deberán ser informados a la comunidad de manera oportuna y transparente”.