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Cuestionan Estudios de Impacto Ambiental: “No cumplen con requisitos mínimos de confiabilidad” Cuestionan Estudios de Impacto Ambiental: “No cumplen con requisitos mínimos de confiabilidad”

"Si un inversionista no quiere reconocer efectos en el aire, por ejemplo, contrata un estudio y un modelo que termina reflejando que no hay impacto significativo", sostiene el director ejecutivo del Servicio Nacional Ambiental, Ignacio Toro.

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Cuestionan Estudios de Impacto Ambiental: “No cumplen con requisitos mínimos de confiabilidad”

Por 24 de Septiembre de 2012

Un informe de la Universidad de Chile, entregado al Gobierno en septiembre de 2011, analiza cómo se han hecho los estudios de impacto del aire de los 100 principales iniciativas empresariales en los ámbitos minero y energético. Y sus conclusiones no son para nada positivas.

“Sin excepción, la información presentada sobre la modelación era muy escasa o inexistente, no cumpliendo con los requisitos mínimos de confiabilidad , esto es, que los resultados sean reproducibles y los supuestos revisables por la autoridad “, reza el documento, según consigna La Segunda.

Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo puede llegar a costar entre $ 100 millones y $ 500 millones, dado que implica la participación de equipos profesionales multidisciplinarios, cuyo trabajo puede durar entre 6 y 9 meses, abarcando miles de páginas.

Reconocer que un punto determinado de un proyecto provoca un “impacto significativo” a nivel ambiental o de la población, acarrea la obligación legal de mitigar, reparar y compensar el o los daños, todas estas medidas exigibles y controlables por la autoridad.

Si se decide que no es necesario un EIA, entonces se presenta una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuyos costos bordean los $50 millones, dependiendo de la complejidad del tema.  A diferencia del EIA, no implica la obligación legal de mitigar, compensar y reparar, las que, de realizarse, tienen carácter voluntario.

La Asociación de Ingenieros Consultores admite que, si bien no suelen ceder ante las presiones de las empresas, por ejemplo para presentar un DIA en lugar de un EIA, ellos reconocen que  subterfugios legales favorables a sus clientes. Los mismo respecto a eventuales vacíos en la legislación.

Por su parte, el director ejecutivo del Servicio Nacional Ambiental, Ignacio Toro , sostiene que “si el inversionista no quiere reconocer impactos en el aire, por ejemplo, en una termoeléctrica grandota, contrata un estudio y un modelo que termina reflejando que no hay impacto significativo”.

Algo en lo que coincide Héctor Jorquera, profesor de Ingeniería Química de la Universidad Católica y experto en temas de aire, quien considera que algunas consultoras han elaborado documentos tendenciosos: “Las herramientas se prestan para que se puedan manipular, porque son muchos los parámetros para realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del aire y para un evaluador es difícil dar fe de que esos parámetros se han ido eligiendo según criterios objetivos y no de forma antojadiza”.

Al respecto se recuerda el caso de Alumysa, ocurrido unos 15 años atrás. Una planta de producción de aluminio que la empresa Noranda buscaba instalar en la XI Región. Jorquera recuerda que al ver el documento “sorprendía que hubiera una información meteorológica extraña, en donde todo era constante, no cambiaba en el día ni en la noche. Raro, porque uno dice ‘esto tiene que cambiar, aquí hay una zona donde llueve mucho, donde hay mucho viento'”.

“En ese proyecto había un error muy común hasta hoy : un catastro de especies vegetales que no podían existir en la XI Región. Habían copiado información de otro estudio y la habían pegado en los de Alumysa (…) Como UC, a través de la Comisión Nacional de Medioambiente, le transmitimos una pregunta a Noranda: ‘¿Están dispuestos a desarrollar el proyecto con los mismos estándares ambientales que siguen con sus empresas en Canadá?’. No respondieron”.

¿Bajan la vara las consultoras  para evitar un EIA? La idea es rechazada por Ricardo Katz, ex miembro del Consejo Consultivo del Ministerio y director gerente de Gestión Ambiental Consultores, la misma consultora donde trabajó hasta antes de asumir su cargo la actual ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.

“No es así. La legalidad es lo mínimo, existe el manejo de riesgo, la responsabilidad social empresarial, las políticas de gestión de las empresas. La legalidad dejó de ser la restricción activa en la gestión ambiental de los proyectos. En un marco de la legalidad y de los riesgos y entorno, uno evalúa cómo maximizar los objetivos de la empresa”, afirma Katz.

La decisión de pasar un proyecto por un EIA o por un DIA, explica el ejecutivo, no siempre es clara, ya que “no es como un velocímetro, en que después de los 120 km/h estás en exceso”.

En un caso emblemático como el de Freirina, por ejemplo, donde su consultora estuvo involucrada entre 2006 y 2007,  “fue un EIA con todas las de la ley. No sé si hubo modificaciones posteriores”, añadiendo que “el tema de olores es complejo de modelar. Chile está en los inicios”.

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