Lucía Santa Cruz, consejera del Instituto Libertad y Desarrollo, las emprendió con todo contra el programa de Gobierno de Michelle Bachelet, al señalar que las propuestas de la abanderada de la Nueva Mayoría apuntan a ser “un primer escalón al establecimiento del socialismo en Chile”.
Estas declaraciones las realizó en el marco de un seminario organizado por El Mercurio y LyD, en el cual declaró que “a partir de una idea rectora única –característica principal de los totalitarismos– en aras de la cual se sacrifican todas las otras aspiraciones legítimas existentes en una sociedad diversa y plural: la igualdad. Igualdad que se obtendría a través de la acción coercitiva del Estado en todos los ámbitos, especialmente en la educación”.
Y es que para Santa Cruz, “el modelo de desarrollo que ha traído menos pobreza y mayores oportunidades hoy está gravemente amenazado y, tal como dijo Karol Cariola, el programa de Bachelet es el primer escalón en el establecimiento del socialismo en Chile”.
“Bajo el concepto del Estado social de derechos ningún aspecto de la institucionalidad económica, social y política escapa al intento de reforma radical basada en la expansión de la esfera del Estado: la previsión, la salud, las isapres, la legislación laboral, la operación de los mercados, etc.”, agregó.
“¿Qué se esconde tras el eslogan ‘educación pública, gratuita y de calidad? se preguntó la militante RN. “El programa de gobierno en materia educacional implica el reforzamiento de la provisión estatal de la educación en todos los niveles, en serio detrimento de la libertad educacional. El ‘fin del lucro en todo el sistema educativo’ es meramente un eufemismo para ocultar la destrucción de gran parte de la educación particular subvencionada”.
“La gratuidad me temo que finalmente lo que pretende es estandarizar la educación universitaria, condicionar la acreditación a requisitos impuestos por el Estado y se transforma así en un instrumento para el control estatal de gran parte del sistema educacional”, declaró.
“La Nueva Constitución, junto con reconocer formalmente el derecho a la propiedad privada, agrega que la Constitución ‘debiera contemplar la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. En esa línea, se requiere reconocer que la función social del derecho a la propiedad privada y a la herencia, delimitará su contenido, de conformidad a la ley’. En este sentido, los límites al derecho de propiedad y a la herencia quedan sujetos al simple arbitrio de una ley. En otras palabras de tener rango constitucional pasa a ser vulnerable a los designios de una simple mayoría temporal”.
