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Justicia ordena cierre del caso Comisión Nacional de Acreditación y obliga a fiscalía a acusar

La causa se inició hace 4 años por el intercambio de supuestas acreditaciones irregulares de planteles de educación superior a cambio de dinero o favores a favor del ahora ex presidente de la entidad, Luis Eugenio Díaz.

Por , 8 de Abril de 2016

El escándalo se desató cuando, a través de diversos medios, se podía ver cómo surgía una trama de venta de acreditaciones a universidades privadas, de acuerdo como lo publicó Ciper.

Las pruebas apuntaban a cómo Luis Eugenio Díaz, mientras oficiaba como presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, en el 2010, presuntamente buscaba formas de presión para controlar y garantizar la acreditación a diversas universidades con las que mantenía algún tipo de trato. Los antecedentes apuntaban a que influyó en la designación de pares evaluadores, habría manejado las sesiones del Congreso y además habría hecho lobby para orientar el voto de algunos comisionados.

El ministerio Público lo formalizó el 2012 por los delitos de corrupción, lavado de dinero y fraude tributario. Además, en ese mismo contexto también fueron formalizados –por soborno y lavado de activos- Ángel Maulén, ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, junto con el otrora rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga. A estos después se le sumó quien fuera el jefe de la Universidad SEK, José Schröder, imputado por el delito de soborno.

Sin embargo, de acuerdo publica en esta jornada La Tercera, esta investigación por supuestas acreditaciones irregulares estaría cerca de finalizar, ya que el Octavo Juzgado de Garantía, durante este jueves, ordenó el cierre de esta causa.

Fue la defensa de Maulén la que realizó la petición, por lo que la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Oriente tendrá un plazo de 10 días para presentar una acusación, donde también debe solicitar penas de cárcel y multas para los imputados.

Esto ocurre en plenas negociaciones que el ente persecutor estaría sosteniendo con los representantes de los involucrados para llegar a un posible juicio abreviado, en el que deben reconocer los hechos, pero no su eventual responsabilidad en los delitos.

Estas tratativas tendrían por gatillante los cambios que sufrió la ley que sanciona el delito de lavado de activos. En diciembre del 2014 en la acusación, se pidieron penas que alcanzaban los 12 años en contra de Luis Eugenio Díaz, versus cerca de 7 años para los rectores de la UPV y la UDM. Pero surgió una modificación legal que benefició a los ex directivos. Ahora podrían cumplir sus penas en libertad.

En declaraciones a radio Valentín Letelier, el fiscal Carlos Gajardo indicó que “las diligencias que solicitó la defensa no varían la calificación que la fiscalía hizo de los primeros hechos. Lo que sí ha cambiado, y es una modificación sustancial, es que en este tiempo intermedio se dictó la nueva Ley de Lavado de Dinero que redujo sustancialmente la pena para éste, que tiene como delito base el cohecho o soborno”. Por tanto, las penas serían menores.

Pese a todo, uno de los puntos que no sufriría variaciones serían las multas, las que se alzarían por cerca de los 200 millones para Luis Eugenio Díaz, en tanto que Maulén y Zúñiga arriesgarían multas que ascenderían a 100 millones de pesos por cohecho y 43 millones por lavado de activos.