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8 de Junio de 2018

Caso Penta: Fiscalía nacional objeta acuerdo para reformalización y solicita no eliminar delito de cohecho

Esto, luego de que el fiscal Manuel Guerra le solicitara su opinión a la Unidad Anticorrupción.

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Un revés sufrió la estrategia del fiscal Manuel Guerra en el marco del caso Penta. Es que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional objetó el planteamiento del persecutor para la reformalización que del próximo 13 de junio a los controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, además del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, en el marco del caso por financiamiento irregular de la política.

Para dicha instancia, el Ministerio Público esperaba eliminar los delitos calificados como cohecho para el caso de Lavín y Délano, para que sean transformados en la imputación del delito de enriquecimiento ilícito para Wagner debido al pago de Penta a la entonces autoridad gubernamental por $42 millones, según indicó el diario La Tercera.

Pero luego de que Guerra le pidiera a la Unidad Anticorrupción su opinión, le indicó que los antecedentes imputados corresponden al delito de cohecho y que lo correcto sería mantener la formalización original de marzo de 2015.

Junto con eso, también cuestionó la manera en la que el fiscal pretende materializar la recalificación y precisó que de haber dudas de que si se trata de un delito de cohecho o no, es el tribunal de garantía el que debe determinarlo. Esto, respecto a la posibilidad de que dicho delito sea discutido entre fiscalía y defensa, en un juicio abreviado abierto.

Si el fiscal acoge la opinión y modifica levemente el relato de los hechos ya formalizados como cohecho, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) señalaría ante al tribunal que esos mismos hechos no son constitutivos de delito de enriquecimiento, sino de cohecho.

En ese escenario, sería el juez de garantía quien deberá decidir si es uno u otro delito, lo que entorpece el acuerdo en virtud del riesgo que significa para las defensas de Délano, Lavín y Wagner, que sea el tribunal el encargado de definir un ítem esencial del acuerdo.

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