Personas con antecedentes penales podrán trabajar en la administración pública
Un proyecto de ley impulsado por el Gobierno busca incluir a personas que cumplieron condenas privadas de libertad como funcionarios del Estado en grados profesionales y técnicos.
Por María Gabriela Salinas
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, presentó un proyecto de ley que permitirá que las personas con antecedentes penales puedan trabajar en la Administración Pública en grados profesionales y técnicos.
Según la secretaría de Estado, la iniciativa va en línea con las modificaciones al Estatuto Administrativo de 2013, permitiendo acceder a cargos auxiliares y administrativos a personas que, cumpliendo los demás requisitos legales, hubiesen cumplido una condena de delito simple.
Esta reforma incide tanto en la población que ha cumplido condena en el sistema cerrado (privados de libertad), como aquellos que han cumplido condena en el sistema abierto (penas sustitutivas como reclusión parcial, libertad vigilada).
Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto +R que impulsa el Gobierno, el cual busca generar una gran alianza público privada, para que las empresas ayuden en la reinserción de las personas con antecedentes penales que hayan estado privadas de libertad, generándoles cupos laborales de un año, luego de cumplir con la capacitación intra penitenciaria.
Este proyecto excluye a aquellas personas que hayan cometido delitos graves como, por ejemplo, homicidio, parricidio, violación, asaltos, entre otros.
“Nosotros estamos impulsando en todo Chile un programa de reinserción social efectivo, una alianza público-privada para darle oportunidades reales a quienes, cumpliendo su castigo, su privación de libertad, vuelvan a la sociedad. Necesitamos que se reinserten y para eso queremos que tengan trabajo, los capacitamos gracias al apoyo del Sence y la empresa privada los contrata. Ahora sumamos al Estado, y con eso hacemos un círculo virtuoso, ya que cuando tienen estas personas oportunidades no reinciden. Más reinserción significa menor delincuencia y, por lo tanto, mayor seguridad pública”, dijo el ministro Larraín.
“Con esta reforma presentada, nos comprometemos nosotros como Estado en la tarea de la reinserción social de personas que han cometido delito”, agregó.
