El radical vuelco de la investigación tras la muerte de José Miguel Uribe

La muerte de Uribe se convirtió en uno de los casos más mediáticos tras el estallido de la crisis social.

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El radical vuelco tras la muerte de José Miguel Uribe
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Un inesperado vuelco tuvo el caso de José Miguel Uribe Antipani, el joven de 25 años que murió en medio de las manifestaciones sociales que se realizaron el 22 de octubre en Curicó.

Aquel fatídico día, Uribe Antipani llegó hasta el Hospital de Curicó gravemente herido, luego de recibir un impacto de arma de fuego en el tórax. Pese a los esfuerzos médicos, el joven murió cerca de las 23 horas.

La muerte de Uribe se convirtió en uno de los casos más mediáticos del estallido social, ya que en primera instancia se determinó que el impacto de bala que recibió el joven había sido percutado por un cabo del Ejército, Juan Carlos Reyes, lo que llamó la atención ya que al momento del disparo la ciudad no se encontraba bajo estado de emergencia.

Tras el deceso de Uribe, el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, confirmó la detención de Reyes, quien se entregó voluntariamente a Carabineros para posteriormente ser formalizado por el delito de homicidio.

Los peritajes iniciales de la Brigada de Homicidio de la PDI habrían determinado que el disparo provenía desde “una patrulla del Ejército que se desplazaba por la carretera”.

En la audiencia de formalización, asimismo, se dio a conocer que el cabo del Regimiento Bellavista de Santiago fue condenado en 2009 por robo con intimidación.

El caso motivó incluso que el Instituto de Derechos Humanos (INDH) interpusiera una querella por la muerte de José Miguel Uribe, y de otras cuatro personas que presuntamente habrían muerto por la acción de las Fuerzas Armadas y de Orden.

“Ninguno de esos me dio las condolencias”

Semanas después de la muerte de José Miguel Uribe, su padre Nelson Uribe rompió el silencio y aseguró que la vida del joven “fue una radiografía del descontento, en la que se entrecruzan las precarias condiciones que conoció en Santiago, el desempleo y el dispar acceso a la salud”.

En conversación con la revista Sábado señaló que ninguna autoridad se acercó a darle el pésame por la pérdida de su hijo.

“Ninguno de esos me dio sus condolencias. El único que ha estado presente es el alcalde de Curicó. Para mí, el que les dio poder a los militares es el culpable. Y el culpable de la muerte de mi hijo tiene nombre y apellido: se llama Sebastián Piñera“, argumentó.

 

Hijo de José Miguel Uribe intentando besar la foto del memorial de su padre.

Un vuelco inesperado

A más de un mes del deceso de del joven en Curicó, la Fiscalía informó que la investigación por el caso resolvió que la bala que mató a Uribe Antipán no correspondía al militar imputado, sino que al arma de  un empresario del sector identificado como Francisco José Fuenzalida Calvo.

Ante esto, se retiraron los cargos en contra del uniformado, y sólo se le formalizó por percutar disparos injustificados, por lo que quedó sin medidas cautelares.

Mientras que Fuenzalida Calvo fue acusado del delito de homicidio, además de los cargos que ya se le habían imputado por disparar a un grupo de personas que se manifestaban en la Alameda de Curicó, a unos dos kilómetros de distancia del lugar donde murió Uribe, donde dejó a tres personas lesionadas.

De acuerdo a los antecedentes, fue el relato de testigos el que logró conectar al empresario por la muerte del joven, ya que éstos señalaron a los investigadores que vieron a un hombre percutar disparos desde una camioneta roja, viendo además cómo uno de esos proyectiles hirió a José Miguel.

Finalmente, se decretó la libertad para el militar y se mantuvo la medida de presión preventiva para el empresario, quien deberá seguir en la cárcel de Cauquenes durante los seis meses de investigación.

El fiscal Miguel Gajardo explicó que “se realizó una investigación que, en una primera instancia, daba a entender de que un militar que había estado en el lugar, podía haber tenido participación en esos hechos. Sin embargo la investigación siguió su curso, atendiendo que había otros antecedentes que habían sido aportados desde el inicio pero que no se tenían los elementos, en ese momento, para poder establecerlos con plena precisión”.

En ese sentido, argumentó que “por tal motivo la PDI dispuso de un grupo especial de la Brigada de Homicidios al igual que la Fiscalía Regional dispuso que dos fiscales tomáramos el control de esta causa a fin de que el corto tiempo se confirmaran o desvirtuarán esos elementos que estaban pendientes”.

 

 

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