Los números del estallido: 1.300 personas cumplieron prisión preventiva
La Defensoría Penal Pública informó que más de 11 mil causas continúan vigentes del total de 17.400 que se registraron en el periodo de octubre a diciembre de 2019.
Por Brenda Martínez
Más de 1.300 personas estuvieron en prisión preventiva tras ser detenidos por cometer diversos delitos en el marco del estallido social de octubre de 2019, según se desprende de los datos entregados por la Defensoría Penal Pública a EL DÍNAMO.
A casi un año de las manifestaciones, incendios intencionales y destrozos de la infraestructura pública, aún se encuentran vigentes cerca de 11 mil causas ingresadas entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 y que están ligadas a los delitos más cometidos durante el estallido.
Entre los ilícitos más comunes durante ese periodo se encuentra el saqueo o robo en lugar no habitado, desórdenes públicos, incendios, lanzamientos de artefactos incendiarios o bombas molotov, maltrato de obra a carabineros, porte y fabricación de armas.
De acuerdo a datos entregados por la Defensoría Penal Pública (DPP) a EL DÍNAMO, hasta el 30 de junio se habían cerrado 5.702 causas, de las cuales más de dos mil correspondían a detenidos por desórdenes públicos. De este último grupo, 166 recibieron una condena, mientras que 64 fueron absueltos.
Desde la DPP también destacaron que a 1.388 del total de los aprehendidos por los dichos delitos quedaron en prisión preventiva o internación provisoria. Sin embargo, sostienen que actualmente sólo 86 mantienen la medida cautelar.
Mientras que en relación al grupo etario de los involucrados,se informó que 1.644 eran menores de 18 años y más de 16 mil corresponden a adultos. Además, y según el auto reporte de de etnia, 384 se identificaron como indígenas.
Detenciones ilegales
Hace algunos días el Gobierno informó sobre un nuevo protocolo que deberán aplicar los funcionarios policiales durante las marchas o manifestaciones.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, detalló que se trata de un sistema de control público con tres niveles, que en sus bases está el dialogar con los manifestantes y alertarlos antes de efectuar acciones disuasivas para quienes estén provocando destrozos y alterando el orden.
“Aprendimos la lección, nos dotamos mejor, de mejores capacidades y además de distintos procedimientos”, sostuvo Galli, quien además recalcó que “si hay lanzamiento de bombas molotov o disparo, ahí no hay diálogo, lo que corresponde es que procedan y sean detenidas las personas que están cometiendo delitos (…) Las bombas molotov no producen manifestaciones pacíficas”.
Todo esto con el fin de también evitar las detenciones ilegales, que de acuerdo a la DPP, durante el 18 de octubre y el 31 de diciembre se contabilizaron más de cinco mil personas que alegaron ser víctimas de esta situación. Sin embargo, sólo se acogieron y acreditaron 1.231 detenciones fuera del marco legal.
Desde el Ejecutivo también se informó la expulsión de al menos 50 migrantes que fueron detenidos cometiendo delitos durante el estallido social, de los cuales ya se han firmado 34 decretos de expulsión, mientras que 12 se encuentran en trámite y siete están en el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
Las autoridades indicaron que la mayoría de las expulsiones está asociadas a personas que fueron sorprendidas participando en saqueos. Esto, representaría solo una octava parte del total de extranjeros aprehendidos en ese periodo, ya que se registraron 407 casos.
