Concejales presentan querella por mal uso de subvención escolar en Valparaíso tras informe de Contraloría
De acuerdo a los ediles, se habrían cansado de esperar a que Sharp iniciara la acción legal como habría prometido en el Concejo Municipal.
Por Hernán Claro
De forma transversal, ocho de los diez concejales de Valparaíso presentaron una querella contra quienes resulten responsables de la malversación de caudales públicos y fraude al fisco por el mal uso de la subvención escolar en la ciudad porteña. Una acción legal que tiene como antecedente la investigación de Contraloría que solicitó la devolución de $930 millones del programa Subvención Escolar Preferencial (SEP).
La iniciativa fue anunciada por los ediles hace algunas semanas, pero habrían esperado para materializarla porque el alcalde Valparaíso, Jorge Sharp, se comprometió a emprender una acción legal en conjunto con los concejales.
Al respecto, el concejal Marcelo Barraza (DC), explicó a la radio Biobío que este anuncio sólo habría sido una “estrategia comunicacional” de Sharp, ya que “no hemos recibido ninguna querella para firmar por parte del alcalde”.
El concejal también contó que era improbable la supuesta querella de Sharp, ya que en su rol de alcalde sería el presidente de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), organismo cuestionado por la Contraloría. Es decir, sería como “autodenunciarse”.
En tanto, el concejal y candidato a la alcaldía de Valparaíso, Carlos Bannen (UDI), también se unió a la querella ya que, según dijo, recibieron antecedentes en 2019 de una eventual defraudación en el sistema de Subvención Escolar Preferencial, por lo que el municipio ya habría sido alertado.
Sobre este hecho, en la querella presentaba por los concejales aclararon que “durante los años 2014, 2015 y 2016 este sistema de compra y entrega de colaciones funcionó a través de licitaciones efectuadas por el sistema de Mercado Público. Sin embargo, a contar de 2017, una vez que asume esta nueva administración, el proceso se efectuó directamente tanto por el liceo María Luisa Bombal y el Técnico de Valparaíso, en donde el 90% le correspondió a este último establecimiento, con un monto superior a $180.000.000, correspondiente a 10 meses del año 2017”.
Sharp negó explotación infantil
Además del mal manejo de recursos públicos denunciado en Valparaíso, la investigación de Contraloría también detectó trabajo por parte de dos adolescentes que habrían sido contratados como garzones y cocineros sin la autorización expresa de sus apoderados o tutores, como exige la ley para los menores de edad.
Esta situación motivó la defensa de Jorge Sharp en el último Concejo Municipal. Para el alcalde, “hay una cosa que yo descarto de plano: el que existe explotación”.
“Ese tipo de cuestiones yo le encomiendo al equipo jurídico que analice las acciones legales para hacer frente a esta situación, porque no vamos a permitir que esto suceda en Valparaíso porque al final hace tóxico el debate público”, alertó.
También criticó quienes han avalado la tesis de explotación infantil, ya que “para decir en los medios de comunicación, de forma anónima, que hay explotación infantil en las escuelas públicas, hay que tener pruebas y el que no tenga pruebas por una afirmación de esas características se tiene que ir preso”.
