La dictadura venezolana

La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de retirar las competencias de la Asamblea Nacional no es otra cosa que la ruptura material del orden constitucional dentro del país llanero. Esto, y que se evidencia a través de la usurpación de las funciones del poder legislativo por parte del poder ejecutivo y judicial, no sólo materializa el fin del estado de derecho –el que ya se denunciaba como inexistente a partir de otras acciones y decisiones de gobierno y que afectaban la independencia y autonomía de las instituciones públicas venezolana–, sino también evidencia la concreción de un golpe de Estado y la instalación plena de una dictadura que debe ser condenada por todos los gobiernos democráticos del sistema internacional.

Esto es así, ya que la separación de poderes del Estado es una de las características propias de la modernidad y de todo Estado democrático, por lo que la insana injerencia del poder ejecutivo y el poder judicial en las atribuciones propias del poder legislativo venezolano no sólo es una acción de demostración de ambición del poder, sino también una forma de vulnerar los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por los cuales se manifiesta le necesidad que la ciudadanía evidencie las efectividades de su participación política, de su libertad de expresión y de reunión, así como el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo, entre muchas otras.

Es por todo esto, que se requiere que exista una condena decidida y global a las decisiones políticas que está adoptando el gobierno de Maduro. En este sentido, la posición inicial de Chile no fue la idónea de un país democrático, ya que sólo se limitó a señalar que se analizarían los hechos que estaban ocurriendo en Venezuela, invitando al Embajador chileno a informar. Afortunadamente, y en función de la imagen internacional de nuestro país, la Presidenta Bachelet corrigió la posición inicial de la Cancillería y condenó “cualquier situación que altere el orden democrático”, lo que debió hacerse desde el inicio de la crisis en Venezuela.