Y serán veinticinco
En vez de acrecentar la cantidad de secretarías de estado, con la consiguiente enorme inversión, nombramiento y contratación del ministro/a, subsecretarias/os, sus secretarias/os, asesores y centenares de etcéteras, instalaciones, comunicaciones, representantes regionales y quién sabe cuántos nuevos empleados públicos más, se debía decidir la creación de una fuerza especial para la inteligencia y lucha contra el crimen organizado y el narco.
Por Tomás Szasz
AGENCIA UNO/ARCHIVO.
Tomás Szasz es filósofo.
Tenemos 24 (¡Veinticuatro!) ministerios en nuestro pequeño país de unos veinte millones de habitantes, de los que – según las últimas estadísticas – un 15% son extranjeros: tendremos ¡un ministerio por cada 4% de la población! Y ninguno de estos porcentajes comprende quien sabe cuántos indocumentados, que por cierto conforman la mayoría de las/los dedicados a la delincuencia. Esa que crece cada día y se pone cada vez más violenta, cruel y espantosa, con atrocidades antes desconocidas, al parecer importados de países ya regidos por ellas. Esa que – para qué engañarnos – se está apropiando de Chile, cosa que quedó demostrada por la atroz matanza de cuatro carabineros y la posterior incineración de sus cadáveres, rito de alguno de los carteles o bandas internacionales que ya se instalaron, que ya tenemos inapelablemente en casa, que ya mostraron que no tienen miedo; que el miedo debemos tener nosotros. Y lo tenemos. Razón por la cual se decidió, después de muchos dimes y diretes de todos colores y peleas en el Parlamento – por, por ejemplo, la definición del mentado RUF -, a pasar a la aprobación del Senado la vigésimo quinta cartera, el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Su forma de presentación hasta deja sospechas que podría tratarse de una especie de superministerio.
A mi modesto parecer, en vez de acrecentar la cantidad de secretarías de estado, con la consiguiente enorme inversión, nombramiento y contratación del ministro/a, subsecretarias/os, sus secretarias/os, asesores y centenares de etcéteras, instalaciones, comunicaciones, representantes regionales y quién sabe cuántos nuevos empleados públicos más, se debía decidir la creación de una fuerza especial para la inteligencia y lucha contra el crimen organizado y el narco, perteneciente al Ministerio de Interior; como máximo, creando una nueva subsecretaría de éste. Resulta que todos los ministerios son una extensión política del Gobierno y en nuestro caso, su presidente, lo que significa que tanto sus actividades como su eficiencia dependerán de la ideología del poder de turno; mientras una fuerza especializada en reprimir el delito y que no tiene tintes políticos actuaría independiente de la ideología fugaz de quien está sentado en el sillón.
Ese destacamento, entrenado en y dotado para su tarea específica puede investigar, denunciar al fiscal y juez correspondiente, obtener permiso y actuar en forma de intervención tan rápida como cada caso requiere, dejando a carabineros y al PDI la tarea de la defensa de la ciudadanía y represión de la delincuencia común que ya abunda demasiado; dedicarse al crimen organizado en coordinación con los dos cuerpos rutinarios. Su costo difícilmente sería superior al de un nuevo Ministerio que no solo burocratizaría el proceso de seguridad sino pretendería hacerlo desde un escritorio politizado en vez de “la calle”. Ayudaría mucho en el financiamiento de la fuerza especial una drástica eliminación de varios ministerios – y sus costos – cuyo papel es hasta desconocido por la ciudadanía (pues varios tienen tareas nimias y mínimas), agregando sus funciones a los ministerios que son indispensables.
Por un lado, el Estado no tiene plata para gastar: el endeudamiento histórico está creciendo cada día. El Gobierno de Boric siguió la línea iniciada por Bachelet: la masiva contratación de innecesarios empleados públicos. Y la instalación de ese ministerio costaría a los contribuyentes la friolera de más de siete mil millones de pesos ni hablar de su funcionamiento: quien sabe cuánto más por mes.
Por otro lado, su existencia no agregaría ni un solo combatiente a las fuerzas de represión del crimen, pero sí una manada de burócratas cuyos sueldos aumentarán con una fracción de porcentaje la improductividad y agregarán un gramo a la pesada carga de los que pagamos impuestos. La sola creación del Ministerio de Seguridad Pública no significa que la capacidad de lucha contra el crimen mejoró: esa nueva secretaría de estado deberá incrementar la fuerza anti-delincuencia con el presupuesto que significa. Presupuesto que debería ser directo, ahorrando la de crear al ministerio. Pura matemática nomás, como me gusta decir.
Ojalá el Senado comprenda esto y transforme el proyecto – y su coste – en la creación de esa fuerza especial. Si es que no es demasiado tarde ya; cosa que me temo seriamente.
