México y el tráfico de armas desde Estados Unidos

Ante el inmovilismo en la materia y la incapacidad o falta de voluntad de los sucesivos gobiernos estadounidenses, el gobierno mexicano ha decidido probar suerte con una estrategia judicial en suelo estadounidense y directamente contra los fabricantes.

Por Juan Pablo Glasinovic Abogado › Actualizado: 23:58 hrs
"El gobierno mexicano ha tratado en repetidas ocasiones de convencer a su par estadounidense de introducir más restricciones al comercio doméstico de armas". AGENCIA UNO/ARCHIVO
"El gobierno mexicano ha tratado en repetidas ocasiones de convencer a su par estadounidense de introducir más restricciones al comercio doméstico de armas". AGENCIA UNO/ARCHIVO
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Hace algunos días, se produjo un hecho histórico en materia judicial en Estados Unidos. Por primera vez, un gobierno extranjero, en este caso el mexicano, demandó ante un tribunal federal a 11 fabricantes estadounidenses de armamento, por facilitar el flujo de armas a las organizaciones criminales en México, lo que se ha traducido en miles de muertes (solo los carteles de la droga han causado 350.000 muertos en los últimos 17 años), así como ingentes perjuicios económicos. Y entre las empresas demandadas están los gigantes Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger.

Como sabemos, Estados Unidos tiene el régimen de tenencia de armas más liberal del mundo, amparado en la segunda enmienda constitucional que establece: “Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido”. Esta disposición y su interpretación más literal ha predominado a lo largo de los años, no pudiendo imponerse hasta la fecha por el gobierno federal, ni por los gobiernos estaduales, ninguna restricción significativa a la posesión y porte de armamento. Eso se traduce en que el acceso a casi todo tipo de armas, incluyendo los fusiles de asalto, está abierto prácticamente a cualquiera y sin límite de cantidad. Esto ha quedado en evidencia en las recurrentes masacres a lo largo y ancho de país por los lunáticos de turno, los que casi siempre han contado con potentes arsenales para sus acciones.

Como consecuencia de este amplio acceso a las armas, en promedio cada año mueren unas 38.000 personas en Estados Unidos, lo que representa 2/3 de los homicidios (comparativamente en el Reino Unido menos del 10% de los asesinatos son con armas de fuego). Y en lo que va transcurrido de 2021, ya se registran más de 150 incidentes en los cuales han sido asesinadas varias personas simultáneamente.

Nadie se salva. Escuelas, cines, parques, templos, restaurantes y otros espacios han sido el escenario de masacres. Y paradójicamente, ante el clamor de los parientes de las víctimas y de millones de ciudadanos de poner límites efectivos al comercio y posesión de armas, otros argumentan que una mayor disponibilidad es la mejor defensa y prevención ante este tipo de ataques. Increíblemente, tras buena parte de los diversos episodios de matanzas, se ha registrado un auge de adquisiciones.

Los partidos demócrata y republicano están claramente divididos en el tema. Mientras la mayoría de los primeros ha tradicionalmente impulsado medidas y proyectos legislativos para regular mucho más severamente el comercio, posesión y porte, la mayoría de los segundos se han opuesto a la más mínima restricción.

El lobby pro armas es muy potente en Estados Unidos, encarnado en la National Rifle Association, la que sistemática y permanentemente financia las campañas y actividades de quienes están por mantener la segunda enmienda inalterada.

Aunque no existe un catastro nacional, por la misma laxitud del sistema, se estima que en el país existen más de 350 millones de armas en manos de los particulares, lo que en promedio es más de una por persona.

Siendo lamentable lo que ocurre en ese país, desafortunadamente este drama repercute también en el resto del continente. Diariamente mueren muchas personas como directa consecuencia del sistema de venta y tenencia doméstica de armas en Estados Unidos, y esa misma circunstancia socava gravemente el Estado de Derecho de muchos países del hemisferio y su gobernanza, en abierta contradicción con la política exterior estadounidense. En otras palabras, lo que podría aparecer como un tema netamente doméstico no lo es, afectando gravemente la seguridad de la población de otros países y la viabilidad de sus propios estados.

El gobierno mexicano ha tratado en repetidas ocasiones de convencer a su par estadounidense de introducir más restricciones al comercio doméstico de armas para así interrumpir o hacer más difícil el actual abundante suministro que nutre al crimen organizado, pero sin resultado. Incluso ha habido una involución en el tema con la expiración, en el año 2004, de la prohibición federal en la venta de armas de asalto, que se refería a armamento de alto alcance y calibre. El levantamiento de esta prohibición significó un incremento significativo de muertes en México (lo mismo ocurrió en EEUU).

Vemos entonces una evidente contradicción entre la política del Departamento de Estado y los valores que parece promover la política exterior estadounidense, que por una parte apoya a los gobiernos latinoamericanos más afectados por la violencia criminal para desarrollarse, fortalecer su institucionalidad y el Estado de Derecho, pero que al mismo tiempo, a través de su política interna permite las condiciones para debilitar o incluso anular esos esfuerzos, en desmedro de sociedades que solo quieren vivir en paz.

Tan dramática es la situación que, de los diez países más violentos del mundo de acuerdo a Naciones Unidas, ocho se encuentran en América Latina y el Caribe.

La propia situación de violencia extrema en buena parte de México y Centroamérica, presiona a miles de personas a migrar hacia Estados Unidos.

En definitiva, en una región en la cual el crimen organizado se ha convertido en una grave amenaza a la paz y la gobernanza, se hace imprescindible la concertación de todos los actores más relevantes en torno a una estrategia integral, que en uno de sus aspectos esenciales considere dificultar el acceso a las armas por parte de las bandas criminales.

Es en el interés directo de muchos países del hemisferio, pero también de Estados Unidos y su propia seguridad nacional, que ese país adopte las medidas para cesar con el libertinaje en el comercio doméstico de armas. El no hacerlo significa fortalecer a las bandas criminales. No es ningún secreto que, por intermedio de un gran número de ciudadanos estadounidenses y residentes en ese país, estas bandas criminales compran lícitamente armas y municiones de grueso calibre que después despachan por las porosas fronteras, y que día a día implican la muerte de mucha gente en México y Centroamérica e incluso más al sur.

Ante el inmovilismo en la materia y la incapacidad o falta de voluntad de los sucesivos gobiernos estadounidenses, el gobierno mexicano ha decidido probar suerte con una estrategia judicial en suelo estadounidense y directamente contra los fabricantes. En su libelo, México pide que las empresas demandadas le compensen por los daños causados (el monto se determinará en el juicio) y que se desarrollen e implementen estándares lo suficientemente razonables para supervisar y, en su caso, vigilar a sus distribuidores. También se pide a estas empresas que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, incluido herramientas para prevenir que sean utilizadas por personas no autorizadas. Asimismo, que costeen estudios, programas, campañas en medios y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas y que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño a México.

La jugada mexicana es hábil, porque sin ir contra el gobierno norteamericano, necesariamente lo llevará a involucrarse. No es un secreto que Biden quiere impulsar una agenda restrictiva en la materia, y esto le podría proporcionar la oportunidad para al menos intentarlo. Por supuesto las aguas se le pueden complicar con una reacción nacionalista, y la cercanía de las elecciones de mitad de período. Sin duda que los republicanos empujarán en esa dirección.

Si nos atenemos a la legislación norteamericana, será muy difícil que el gobierno mexicano obtenga lo demandado, pero está abierta la posibilidad de que, ya sea por una sentencia o por un acuerdo judicial o extrajudicial obtenga alguna satisfacción e inaugure algún precedente que en definitiva signifique una mayor regulación. La circunstancia de que sea el Estado mexicano quien litigue, asegura el financiamiento de un juicio que será largo y oneroso. Esto sin descartar el escenario político que abre la demanda, y que podría ser favorable a medidas directas del gobierno estadounidense. Finalmente, esta estrategia podría ser seguida por otros países, inaugurando un nuevo capítulo relativo a la responsabilidad internacional de los estados.

Como dijo el presidente mexicano a la prensa “no es en contra de la enmienda que da derecho a los estadounidenses a portar armas, sino a la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes porque no hay ninguna limitación ni control”.

En suma, gran jugada de la diplomacia mexicana para exponer una dramática situación y su causalidad, y exigir responsabilidad al país vecino que le está generando un gran daño, al igual que a otras naciones del hemisferio. 

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