América Latina: Código Naranja

Son tiempos difíciles para América Latina y ya se está hablando de otra década perdida (la anterior fue la de los ochenta del siglo pasado) en atención el bajo o nulo crecimiento de la región, así como graves problemas políticos y sociales, agudizados por la pandemia del COVID-19. Para peor, ahora se están empezando a experimentar los efectos de la guerra en Ucrania. Es que los jinetes del Apocalipsis siempre llegan en sucesión.

En efecto, el aumento de los precios de los combustibles, principalmente, está empujando al alza general de los precios en un escenario monetario ya sobrecalentado, lo que afecta particularmente a los sectores más pobres. A esto, se debe añadir el incremento de la informalidad tradicionalmente alta en nuestra región, lo que se traduce en una mayor precariedad, viviendo muchas personas y familias al día, con poca capacidad de asumir contingencias por sí mismas.

En este contexto, ha destacado además el fuerte incremento de los precios de los alimentos por varias razones, además de la presión inflacionaria. Ucrania es uno de los mayores productores alimentarios en el mundo, especialmente de cereales y aceite de maravilla, y la situación de guerra impactará directamente en sus cosechas, siendo previsible una drástica reducción de su producción anual. A ello, debe sumarse un mal año para la mayoría de los grandes productores agrícolas por diversas razones. Esto ya ha hecho subir los precios a niveles nunca vistos, acusando una menor disponibilidad presente y futura. 

A la escasez de los productos, se suma el alza sideral de los fertilizantes (muy dependientes en su fabricación del gas, pero también escasos por ser Rusia su fabricante más importante). Junto con ser otro factor del encarecimiento de los productos agrícolas, impacta directamente en la productividad de la agricultura, o sea, habrá cosechas más magras. Esto, en el caso de los países que no son autosuficientes en materia alimentaria (la mayoría), combinado con la dificultad para asegurar importaciones, sumará presión a los gobiernos y se constituye potencialmente en un elemento adicional de conflictividad social.

En Perú ya se están viendo más nítidamente los efectos de esta combinación de factores azuzada por la guerra, lo que podría reproducirse en cualquier otro país de la región. Las movilizaciones sociales, que partieron reclamando por el alto precio de los combustibles y de los fertilizantes, abrieron las puertas a más demandas, incluyendo el enojo por la carestía de los alimentos. El gobierno de Pedro Castillo no ha sabido reaccionar adecuadamente, profundizando la movilización y el descontento, al mismo tiempo que ha visto gravemente erosionada su legitimidad. Como parte del paquete de medidas para hacer frente al alza del costo de vida, ha rebajado el impuesto a los combustibles de manera de limitar su alza de precio y ha suspendido hasta diciembre el IGV (equivalente de nuestro IVA) que afecta a los productos integrantes de la canasta básica familiar. También subió el sueldo mínimo.

En Chile, muy posiblemente no hemos derivado aún en el mismo escenario por la permanencia del IFE, a lo que se suma ahora el anuncio gubernamental de un paquete de medidas para la recuperación económica, con un desembolso estimado de USD3.700 millones, de los cuales un poco más de un tercio irá directamente a los bolsillos de las personas en forma de bonos. Además, se congelará el precio del transporte público (no olvidemos la chispa de los $30) y se inyectarán recursos para mitigar el alza de los combustibles.

En ambos casos queda en evidencia la importancia del papel estatal para paliar la delicada coyuntura, lo que a su vez nos lleva a la gobernanza y a la cooperación regional.

El estado actual de las cosas, que puede empeorar con la prolongación de la guerra en Europa y sus efectos globales, exige con urgencia mejorar la gobernanza y cooperar como región.

Hay que decir que en la región la gobernanza está muy vapuleada. La mayoría de la población no está satisfecha con sus gobiernos y sistemas políticos, los que están muy fragmentados y desprestigiados. Gobernar se ha vuelto mucho más difícil ante la falta de consensos y una desconfianza ciudadana que no hace sino crecer con relación a sus autoridades.

La pandemia desnudó o hizo más visibles las carencias sistémicas y el mal desempeño de los gobiernos. Eso ha estimulado un movimiento pendular en toda la región, con un cambio de signo político en la elección de los nuevos gobernantes. Prácticamente ninguno es de la misma tendencia que su antecesor. Esto refleja un voto de castigo, al mismo tiempo que la búsqueda de algo distinto, con la esperanza de que se atiendan mejor las demandas sociales.

Lamentablemente, en un contexto de crisis de legitimidad de la democracia representativa y de sus instituciones, ha campeado el populismo. Este no solo amenaza al sistema democrático, también con agravar la crisis social y económica de nuestros países al proponer soluciones cortoplacistas pero inviables a más largo plazo.

Si antes, bajo el consenso de Washington, los tecnócratas tuvieron un papel preponderante en la administración, incluyendo la gestión económica, ahora el predominio ha pasado a los políticos. Si bien es cierto que la dimensión política debe ser la más relevante en todo gobierno, eso no implica rechazar o menospreciar el aspecto técnico. Debe buscarse la adecuada colaboración y complementación entre ambos campos. La economía tiene leyes que no se pueden obviar con el mero voluntarismo político. Tristemente ha abundado lo último, lo que no contribuye a mejorar las cosas.

Al menosprecio de los tecnócratas se suma una lamentable condición latinoamericana siempre presente, la sobreideologización, la que atenta contra el pragmatismo tan necesario en época de crisis.

América Latina atraviesa un momento muy complejo y todo indica que las dificultades se mantendrán y, eventualmente, se pueden agravar en los próximos meses. Todo ello en un contexto mayor que también es difícil, de vacas flacas. Lo que ha estado aconteciendo en varios países es un llamado de alerta para toda la región. Está en juego la estabilidad de nuestros regímenes democráticos y el bienestar de nuestros pueblos.

Por ello, es indispensable revitalizar la coordinación y cooperación regional, así como estimular el trabajo público privado y mejorar el clima de negocios. Todos nuestros estados han acudido al déficit fiscal para inyectar recursos a la economía, pero se van quedando sin espaldas para sostener el esfuerzo y, sin la actividad privada, no habrá recaudación tributaria para financiar el gasto social y las demás tareas del Estado.

De esta crisis solo se sale realmente con más producción, comercio e inversión, por lo que en la agenda regional se debiera privilegiar estos aspectos y los estados facilitar la actividad económica y el intercambio. Hay además una gran oportunidad para reorientar los flujos comerciales afectados por problemas logísticos, sanciones y guerra comercial a nivel global, incrementando el intercambio intraregional.

Junto con lo anterior, es también prioritario fortalecer la gobernanza democrática, cooperando contra los flagelos de la corrupción y la criminalidad organizada.

Dentro de las prioridades también debiera estar la seguridad alimentaria, velando por estimular la producción agrícola interna y asegurar el abastecimiento privilegiando el mercado regional.

Nuestros gobernantes deben entender que el momento exige de un trabajo mancomunado real, tanto en el plano interno como en el regional y que el tiempo no es precisamente lo que sobra.