El mundo que se destruye cuando una mujer pierde su vida injustamente

El tan esperado proyecto de protección integral a víctimas, sobrevivientes y familias de femicidios ha sido enviado a la Cámara de Diputadas y Diputados desde la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. El propósito de la ley es garantizar una reparación integral donde se legitime la indemnización del femicidio, ya sea consumado, tentativo o frustrado. El imperativo ético de esta ley radica en la protección y reparación integral en perspectiva de justicia social, considerando el resguardo de los derechos humanos y los tratados internaciones que ha suscrito Chile en esta materia.

Estas garantías de no repetición por parte del Estado, referidas a aquellas reformas legislativas que este debe propiciar e implementar para prevenir la recurrencia de la violación a los derechos humanos, deben ser profundas y estructurales puesto que requieren de un engranaje que conecte la institucionalidad con diversos dispositivos de Estado y de la sociedad civil.

Es interesante que esta propuesta interpele el derecho que tienen las personas de recibir algunas indemnizaciones económicas cuando han perdido a un ser querido a causa de un femicidio o han sufrido las consecuencias de un femicidio frustrado. Sobre todo se protege a quienes fueron dependientes o a quienes deben asumir el cuidado de la víctimas, especialmente, aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Estas personas serían consideradas prioritarias en las políticas gubernamentales en relación a derechos como la atención en salud, la vivienda digna, la educación gratuita y de calidad en todos sus niveles y el acceso al trabajo digno.

Esto significa para Chile hacerse cargo de una deuda histórica pues hace algunas décadas los femicidios se concebían como crímenes pasionales del mundo privado. Este proyecto opera como paradigma en materia legislativa, donde todo lo privado es público y político. Sin embargo sabemos que es una ley que llega tardíamente, porque se despacha el 3 de octubre de 2022, cuando en Chile ya se registran 29 femicidios consumados y 120 femicidios frustrados (SERNAMEG, 2022). Es más, durante los últimos años estas cifras no han disminuido. Entonces, ¿cómo se corrige el error estructural de la justicia que opera muchas veces desde la impunidad? ¿Es suficiente con la sentencia a los victimarios? ¿Cómo realizar el cambio profundo de romper con el abuso, la violencia sistemática y estructural que viven las mujeres en Chile?

Sin duda una ley integral permite minimizar, de algún modo, la gravedad de los sucesos, otorgando reparaciones que –esperamos- no solo signifiquen una compensación económica, sino que se constituyan en un ejemplo de índole procesal y ético. Donde el acento se sitúe en la víctima y su entorno, porque todo un mundo se destruye cuando una mujer pierde su vida injustamente.

Sonia Brito Rodríguez de la Universidad Alberto Hurtado

Lorena Basualto Porra de la Universidad Católica Silva Henríquez.