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16 de Mayo de 2013

Fiscal de la Corte Suprema recomienda extraditar al ex juez argentino Otilio Romano

Mónica Maldonado indicó en su informe que existen presunciones fundadas de la participación del ex magistrado trasandino en delitos relacionados con la desaparición forzada de personas durante la dictadura argentina.

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La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, recomendó aprobar la extradición del ex juez argentino Otilio Romano, que huyó a este país tras ser investigado por presunta complicidad en crímenes de la dictadura en Argentina.

Así figura en un informe difundido hoy por el Poder Judicial y que fue remitido al juez Sergio Muñoz, quien deberá emitir el fallo de primera instancia, sentencia que después debe ser confirmada o revocada por una sala de la Corte Suprema antes de acceder o denegar el pedido.

En el documento, de 109 páginas, la fiscal concluyó que se cumplen los requisitos para extraditar a Otilio Romano por existir presunciones fundadas de participación en 34 delitos de privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas.

A ello se añaden 26 delitos de privaciones ilegítimas de libertad, 36 delitos de torturas, un delito de allanamiento ilegal y un delito de denegación de justicia, previsto en el artículo 274 del Código Penal argentino.

Otilio Romano fue suspendido como juez el 25 de agosto de 2011, pero un día antes había huido a Chile tras ser citado a declarar por cargos de complicidad en secuestros, torturas y desapariciones cometidas durante el régimen militar, cuando fue fiscal en la ciudad de Mendoza.

Cuatro meses después, el 15 de diciembre de 2011, Romano fue destituido por el Consejo de la Magistratura argentino, que lo consideró “cómplice” de la dictadura militar.

Previamente, en septiembre de 2011, Romano había solicitado asilo político en Chile, lo que le permitió recibir un visado temporal de ocho meses, pero el Gobierno chileno rechazo esa petición en mayo de 2012.

Mientras se resolvía su petición de asilo, Argentina solicitó su extradición y en febrero de 2012 la Corte Suprema de Chile ordenó su detención, aunque le permitió permanecer bajo arresto domiciliario nocturno, mientras se desarrolla el proceso de extradición a su país.

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