Fiscalía Nacional Económica pide indagar eventual colusión de ginecólogos en Ñuble

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento por colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de la Asociación Gremial de Ginecólogos Obstetras de la Provincia de Ñuble y 25 de sus médicos asociados.

En el requerimiento, la FNE sostiene que las requeridas ejecutaron un acuerdo de fijación de precio mínimo de venta en los servicios médicos de consulta y procedimientos quirúrgicos de su especialidad -como cesáreas, partos y otros-, desde el año 2012 a la fecha.

“Desde principios del 2012, los médicos ginecólogos, en el seno de su asociación, acordaron un precio mínimo para sus prestaciones médicas de la especialidad de obstetricia y ginecología, por sobre $25.000 y para efectos de implementarlo en el mercado, pusieron término a los convenios que tenía cada médico con las Isapres que permitía a los afilados utilizar el sistema de pago con bono médico”, consigna el organismo.

Por lo que, las pacientes de las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San Carlos sufrieron un incremento de los precios y debieron pagar el total de la consulta o procedimiento ginecológico para posteriormente acudir a la Isapre para un reembolso, de acuerdo al tope de cada paciente.

Para la FNE, “la conducta colusoria de los médicos ginecólogos constituye un ilícito de gran relevancia social, y ha sido calificado como el más reprobable del derecho de la competencia. Lo anterior se agrava si se tiene en consideración que el actuar de los profesionales requeridos ha afectado directamente a las pacientes del sistema privado de salud que requieren de servicios de salud ginecológica”.

En vista de ello, el organismo pidió que cada uno de los especialistas requeridos reciba una multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Anuales (aproximadamente $14.600.000). Respecto de la Asociación Gremial de Ginecólogos del Ñuble, atendido su rol como plataforma facilitadora de los ilícitos que se reprochan, se ha solicitado su disolución, así como la imposición de una multa de 100 U.T.A (aproximadamente $48.870.000) y respecto del Presidente de la A.G. se solicitó una multa de 50 U.T.A ($24.500.000 aproximadamente).