Candidato a rector U. de Chile sobre informes de Contraloría: "Si el Estado financiara las universidades públicas, estas no necesitarían vender servicios"

Raúl Morales aprueba la fiscalización que realiza la Contraloría General de la República a las fundaciones de la Universidad Chile y apuesta a que el actual rector inicie los sumarios administrativos. También se refiere a la reforma educacional de Bachelet y entrega sus soluciones para la deuda del Hospital Clínico.

Candidato a rector U. de Chile sobre informes de Contraloría: "Si el Estado financiara las universidades públicas, estas no necesitarían vender servicios"
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En las últimas elecciones para rector de la Universidad de Chile, Raúl Morales perdió por menos de 100 votos contra Víctor Pérez. Hoy  el ex decano de la Facultad de Ciencias se perfila como una de las cartas más fuertes para tomar la cabeza de la Universidad más importante del país en las elecciones del próximo 8 de mayo.

En conversación con El Dínamo, Morales se refiere a la investigación que se encuentra realizando la Contraloría General de la República a las fundaciones de la Universidad y da su impresión sobre la prometida reforma educacional de Michelle Bachelet.

– La Contraloría encontró irregularidades en 5 fundaciones de la Universidad y todavía falta que la División Jurídica se manifieste sobre los conflictos de interés y que aparezcan los informes del resto de las Facultades. Pero con todos estos antecedentes, ¿cree que hay lucro en la Universidad de Chile?

El informe de la Controlaría más bien apunta a que hay problemas administrativos y en ese contexto el rector Pérez tiene en sus manos las herramientas necesarias para iniciar los procesos investigativos sumariales que se requieren para esta situación, de modo que quiero centrarme ahí realmente, en lo que es el informe que determina Contraloría. En ninguna parte la Contraloría establece que hay lucro de por medio.

– Pero hay casos particulares que son claros conflictos de intereses, por ejemplo un caso de un profesor de la Facultad de Agronomía que es director de la fundación y su empresa privada les prestó servicios a la facultad…

Ese caso particular  lo desconozco, lo que sí yo te puedo decir es que efectivamente el rector, en sus potestades del cargo, tiene que emprender las averiguaciones legales que correspondan y eso fundamentalmente, por ser institución pública, tiene que partir con una investigación sumaria. De alguna manera eso es lo que establece la Contraloría, que en aquellas fundaciones en donde se han observado problemas administrativos deben ser clarificados a la brevedad. De modo que ese es el rol de rector en estos momentos, el hacer cumplir la normativa vigente.

– Usted fue decano de la Facultad de Ciencias durante dos períodos. Esta tiene dos fundaciones ligadas a ella: la Fundación Galileo y la Fundación María Ghilardi Venegas. Como decano usted fue parte del directorio de estas fundaciones, ¿cierto?

En un momento sí, pero después no porque los directorios pueden ser nombrados académicos que no necesariamente sean autoridades. De modo que cuando yo asumí el decanato, por derecho propio me correspondía ser miembro del directorio, pero renuncié a eso porque justamente consideraba que un decano no debe. Es un tema ético estar participando de corporaciones manteniendo un doble rol. Vale decir, por un lado siendo la primera autoridad de la facultad y, por otro lado, estando en la cabeza de una corporación o de una fundación. Por esa razón dimití de los cargos de presidente de la Fundación Ghilardi y de la Fundación Galileo. Pero aún en esos casos la Facultad de Ciencias tiene dos fundaciones, como tú bien dices, pero que no son fundaciones que han estado operando para hacerse cargo de tareas externas. La Fundación Ghilardi es una fundación que corresponde a un patrimonio que la familia de la señora Ghilardi cedió a la universidad para administrar becas y ayudar al desarrollo de la biotecnología. De modo que ha sido la administración de un patrimonio. Esta fundación no genera recursos propios.

– Pero, ¿se genera la prestación de servicios a través de esas fundaciones?

No, a través de la Fundación Ghilardi no porque es una fundación que está destinada con el patrimonio que se le entregó a la fundación por la familia Ghilardi. Es un patrimonio para el desarrollo de la biotecnología y de los temas relacionados con el desarrollo de estas ciencias en el campo de la investigación.

– ¿Y la Fundación Galileo?

La Fundación Galileo era más bien una fundación que tenía que ver con la organización de actividades veraniegas para recibir estudiantes de liceos de la región. De modo que nunca ha sido una fundación que actúe para pagar sueldos, ni para pagar actividades que no sean exclusivamente en relación con los requerimientos de apoyo a actividades de extensión de la facultad. De modo que estas dos fundaciones se alejaban de las situaciones que efectivamente informaba la Contraloría en los otros casos.

– De todas formas la Contraloría está investigando a la Facultad de Ciencias. Ya despachó el pre informe, el cual no es público sino que se le envía directamente a la facultad. ¿Usted sabe algo de esto como profesor titular de la facultad? ¿El decano actual se lo ha comunicado a la comunidad?

No, todavía no hemos recibido ninguna informe por parte del decano. Habría que ver que ha pasado en estos últimos cuatro años que yo he estado afuera de la conducción de la Facultad de Ciencias. Pero dado el capital con el que trabajan estas fundaciones, que tiene que ver fundamentalmente, en el caso de la Fundación Galileo, para fines de apoyo de extensión, son fundaciones que, en ese sentido, no tienen ningún inconveniente en lo que es la sencillez del proceso administrativo que normalmente cursan. Así que yo diría que el caso de estas dos fundaciones de la Facultad de Ciencias, son situaciones muy ad hoc, justamente para apoyar la tarea universitaria.

– Pero en el caso de las otras facultades,¿cuál debe ser la mejor forma de regular la prestación de servicios que se hacen a través de las fundaciones, para que no haya conflicto de intereses ni dobles contratos como se encontró en algunas facultades?.

Ese es un tema que nosotros también lo hemos planteado en el propio Senado Universitario. Hemos pedido que se incorporen los informes y balances anuales de las fundaciones al conocimiento del quehacer institucional, de manera que exista absoluta transparencia en lo que es el uso de estas fundaciones por parte de las facultades. Yo no hago más que apoyar el trabajo que hace la Contraloría porque me parece que introduce la transparencia necesaria. Por de pronto, el informe que entrega la Contraloría es muy claro en establecer que hay situaciones administrativas que deben ser chequeadas por la Rectoría y, por lo tanto, yo esperaría que el rector Pérez inicie a la brevedad las investigaciones correspondientes para subsanar las observaciones que ha hecho la Contraloría a cada una de las cinco fundaciones analizadas.

– ¿Qué sanciones debería aplicar el rector Pérez?

Antes de aplicar sanciones tienen que demostrarse las faltas y las autoridades correspondientes -los integrantes del directorio- tendrán que rendir cuenta.En esa investigación, que tiene iniciarse en la rectoría, se determinarán las sanciones que corresponda.

– Se ha dicho que toda esta situación de las fundaciones responde a la lógica del autofinanciamiento, a la que han estado sometidas las universidades públicas durante los último 30 años. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?

Dada las restricciones que se le ha impuesto a las universidades estatales, en donde el Estado ha dejado de ser responsable del destino de sus instituciones públicas, algunas organizaciones al interior de la Universidad han buscado crear fundaciones para facilitar su quehacer. En ese sentido, podrían estarse cometiendo faltas que es necesario investigar y transparentar. Pero no olvidemos que hoy día el caso del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que arrastra una deuda gigantesca producto de que el Estado dejó de aportarle recursos al único hospital estatal chileno que no obtiene subvenciones del Estado. Uno se da cuenta de que el problema que han tenido que abordar las instituciones públicas para poder subsistir y cumplir la misión que se les ha encomendado, lleva entonces a la creación de fundaciones que buscan alivianar la tarea, capturar recursos, recibir donaciones y, por lo tanto,  ayudar a compartir lo que significa el desmedrado aporte estatal a las instituciones. Hay que pensar que solamente en el caso de la Universidad de Chile, el Estado no aporta más del 8% del presupuesto anual. Entonces es un tema crítico de cómo se están financiando las universidades públicas.

– Muchas veces las fundaciones venden su conocimiento a empresas privadas. Ahí está la crítica de que hoy en día la Universidad de Chile está produciendo conocimiento para el mercado. ¿Está de acuerdo de que sea así?

O sea, la Universidad de Chile siempre ha estado produciendo conocimiento para el país en toda su realidad. El rol de una universidad de investigación es crear conocimiento para el país y el mundo. Pensar que una fundación de la Universidad de Chile cree conocimiento me parece muy bien. El ejemplo más claro es el Centro Nacional de Medio Ambiente, que es una fundación de la Universidad de Chile y que ha sido el principal laboratorio que ha tenido el país para ayudar a desarrollar políticas públicas en medio ambiente y , a su vez, crear conocimiento y resolver problemas, tanto del sector privado, en el caso de las mineras, empresas de tratamiento de aguas, en el caso de ciertas industrias que cumplen roles sociales importantes pero que también a su vez generan contaminación.

– ¿Pero no ve problemático que, por ejemplo, en la Facultad de Derecho se le preste  servicios a Farmacias Cruz Verde que ha estado ligada a la colusión de las farmacias? 

Usted tiene que darse cuenta que en el año `81, se determinó que las universidades estatales no iban a recibir financiamiento del Estado, y que tenían que autogenerar sus propios recursos. Está establecido como parte del financiamiento que las universidades públicas realicen servicios que van tanto a organismos del Estado, como a organismo privados o instituciones que cumplen fines sociales. De modo que el servicio es parte de la actividad cotidiana, no solamente de la Universidad de Chile, sino que de todas las universidades estatales, y además de las universidades privadas, porque también eso mismo ocurre con la Universidad Católica o la Universidad Santa María o la Universidad de Concepción, por citar algunos ejemplos.

– Pero, ¿cómo se debería dar la solución de este tema? En un caso hipotético en que el Estado financie la Universidad de Chile, ¿deberían seguir existiendo fundaciones?

Si el Estado financia solamente a las universidades estatales, por ser universidades públicas por ley, sin duda que no necesitarían vender servicios. De la misma manera que si se llega a la gratuidad de los estudiantes universitarios, las universidades no tendrían, al menos las universidades estatales, por qué cobrar aranceles. Porque la gratuidad se la va a proporcionar el Estado. De modo que esa es la visión que hoy día debe enfrentar el Ministerio de Educación, en cuanto a cómo lleva adelante la gratuidad y el financiamiento de las instituciones públicas. Esa es la clave del tema, en la medida en que el Estado reasuma su rol de financiar las instituciones públicas, esas no necesitan salir al mercado a vender servicios.

“Mantener el subsidio a la demanda con aportes basales no es el mejor modelo”

–  ¿Qué opina de las declaraciones del ministro Nicolás Eyzaguirre, quién por ejemplo ha hablado de un nuevo trato a las universidades estatales cuando se ha juntado con el Consejo de Rectores, pero hace una semana en el Senado dijo que la gratuidad abarcaría incluso a universidades privadas sin sentido público?

Es una señal positiva que el gobierno plantee el tema de la educación en términos de gratuidad. Es un avance a lo que hemos vivido los últimos 25 años. El tema que ha planteado el ministro es que él va a entregar aportes a las instituciones, como aportes a los estudiantes, para asegurar una mayor cobertura en lo que son los estudios terciarios. Vale decir, educación superior, tanto a nivel universitario como a nivel de institutos profesionales. Me parece positivo el cambio que va a generar una nueva institucionalidad en lo que son las instituciones públicas del Estado y de qué manera este financia las vías. Vale decir la vía de que las universidades reciban los aportes directos, complementarios a lo que corresponde el aporte fiscal directo, que viene por ley del año 81 y lo que significa entonces que vayan aportes directos a los estudiantes para crear instituciones que cumplan con los estándares que el gobierno va a exigir para este objetivo. Hay que entender que la gratuidad que ha planteado el ministro, tiene que ver con favorecer de manera gradual a los segmentos de los primeros quintiles y , posteriormente,  irá abarcando a los niveles superiores. En ese contexto yo creo que las instituciones estatales están llamadas a tener una conversación con el ministro a fin de ver cómo se lleva a al realidad esas propuestas, pero me parecen muy positivas.

-¿Usted estaría de acuerdo entonces con que se mantenga esta lógica del subsidio a la demanda? 

El ministro ha sido claro en plantear que se va a seguir con el aporte a la demanda, pero también ha dicho que se va a incrementar los aportes basales que llamaríamos la oferta. Los aportes directos a las universidades estatales vienen a ser una inyección de dinamismo que va a mejorar la calidad en todas ellas.

– Pero, ¿usted está de acuerdo en ese sistema de mantener el subsidio a la demanda combinado con el aporte basal?

Para mí no es el mejor modelo. Sin embargo, sabiendo que existe y que el gobierno me imagino que estará estudiando la forma de implementarlo, cuando hablamos de una gratuidad general para todas las instituciones, creo que es un tema que va a tratar muchos años en alcanzarse por los costos que eso tiene asociado. Por de pronto me inclino favorablemente a que se inicie por parte del gobierno el incremento de los aportes basales a las universidades estatales a fin de que podamos contribuir a mejorar los niveles de calidad y asegurar la gratuidad a la cual aspira el gobierno.

– ¿Por donde cree que debería empezar a aplicarse la gratuidad en la educación superior? 

Yo creo que el camino adecuado es que se vaya entregando los aportes a las universidades estatales y, de esa manera, se vaya conversando con el gobierno una transición hacia la gratuidad. Pero no considero que debe ir a los estudiantes porque de esa manera las universidades no pueden planificar el futuro y lo que necesitamos son universidades estatales estables. Por eso somos tan enfáticos en nuestra campaña al  plantear que la Universidad de Chile y las universidades estatales  requieren de aportes basales  concretos en programas plurianuales. No basta con estar entregando recursos año a año de acuerdo a la ley de presupuesto anual. Es fundamental generar programas plurianuales donde la universidad pueda planificar el crecimiento y la apertura hacia la movilidad social que requieren los sectores socioeconómicos más bajos al no tener las formaciones apropiadas que vienen de los colegios municipalizados para ingresar a la universidad. En ese contexto entonces los aportes deben ir directo a las universidades y en esa perspectiva iniciar un proceso de aseguramiento de la gratuidad.

-Pero dentro de las universidades estatales, ¿hay algunas que tienen prioridad? Por ejemplo hay gente que plantea que la Universidad de Chile no debería ser la primera, que deberían ser las universidades regionales que están completamente deterioradas y abandonadas.

Yo creo que esa discusión no conduce a ninguna parte. Hay que partir entendiendo que ya el gobierno del año 2005 había planteado la segmentación de las universidades del CRUCh en cuatro niveles: en primer lugar a Universidad de Chile junto con las Universidad Católica y la Universidad de Concepción, y sucesivamente en un segundo, tercer y cuarto nivel en cuanto a la asignación de los aranceles de referencia. Esa segmentación nos dice efectivamente que el Estado reconoce que todas las universidades, al menos en el CRUCh, no tienen el mismo estándar de complejidad. Todas tienen necesidades para mejorar la calidad y la relación formativa. Por lo mismo entonces, los programas que se implemente en cuanto a transferencias de recursos para asegurar la gratuidad debe ir segmentada en esos cuatros niveles. De modo que las 16 universidades estatales, que están segmentadas en esos cuatros niveles, deberán recibir simultáneamente los aportes de acuerdo al nivel de complejidad que tienen.

-En el contexto del llamado nuevo ciclo político y de la prometida gran reforma educacional, ¿cuál va a ser la importancia del nuevo rector de la Chile?

Sin duda que el rector de la Chile tiene que retomar la conducción y liderazgo del sistema de educación chileno y en esa nueva perspectiva, acoger a todas las instituciones del Estado, y también las instituciones privadas para llegar a un acuerdo que junto al Ministerio permita generar un gran sistema de educación terciaria para los próximos 20 años. No es posible que en Chile se siga debatiendo todos los años en peleas menores respecto de fondos más o fondos menos y se olvide la perspectiva nacional que debe tener el problema de la educación. La única forma de solucionar este tema es que efectivamente las principales universidades completas del país, retomen este liderazgo, encabezados por la Universidad de Chile como la institución más tradicional, histórica y con los estándares más altos de calidad de la educación terciaria en nuestro país.

– En su programa habla de pagar la deuda del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ¿en qué consiste esta propuesta?

La deuda del Hospital Clínica tiene dos partes: un 50%  se debe a arrastre histórico por la falta de aportes del Estado y el otro 50% corresponde a capital de trabajo, es decir, el director del hospital tiene que salir a los bancos o a los proveedores a buscar recursos para poder hacer la atención hospitalaria. En ese contexto yo he planteado a las autoridades, al gobierno y a algunos miembros del Congreso, la necesidad de que se genere un fondo fiduciario para que el hospital de la Chile, al igual que muchos otros hospitales del sistema de salud pública que tienen deudas de arrastre, puedan tener un fondo que les permita no ir a negociar a los bancos, sino que a través de este fondo, tener los recurso necesarios para pagar los servicios asistenciales. 

El otro tema tiene que ver con la deuda de arrastre, que es una deuda estructural que obedece justamente a que el hospital requiere una inversión en lo que  es su infraestructura física. El costo operacional que significa un hospital que ya lleva más de 50 años, con un diseño arquitectónico de 90 años, hoy día no es capaz de responder a lo que significa la realidad del mercado de la salud. Por eso sus costos son mucho más altos desde el punto de vista operativo, lo que sumado a que es un hospital de formación docente obliga a que los costos sean más altos porque se trata de formar médicos especialistas del país. Ese es un tema que el Estado tiene que comprender a través de un subsidio que debe hacerle a este hospital de alta complejidad a nivel nacional.

– ¿Pero con este mecanismo basta para pagar la deuda que asciende a los 43 mil millones de pesos?

El hospital al año vende 90 mil millones en servicio y genera un déficit estructural de 2 mil millones porque el edificio es antiguo y porque los costos de formación de recursos humanos asociados al rol asistencial encarecen en un 20 a un 30% lo que es la competencia respecto de las clínicas privadas. Es ahí donde nosotros reclamamos que el Estado debe hacerse cargo de lo que significa la formación de recursos humanos que van a cumplir roles justamente a los hospitales públicos nacionales y en ese déficit estructural debe estar también adosado lo que significa la subvención estatal que tienen todos los hospitales públicos, excepto el Hospital José Joaquín Aguirre de la Universidad de Chile.

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