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26 de Agosto de 2015

Corte de Apelaciones da el “vamos” a Fiscales: se formalizará a Eguiluz y da impulso a casos Penta-SQM

El tribunal de alzada capitalino revocó el fallo de la magistrado Ema Tapia, del Octavo Juzgado de Garantía, quien en su momento rechazó formalizar al ex vicepresidente de Renovación Nacional, al no existir una querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos en su contra. Este fallo era gravitante para que el Ministerio Público no sólo continúe formalizando a las personas vinculadas a, en estos casos, financiamiento irregular de la política mediante infracciones tributarias, sino que también estaba en riesgo la prueba que se obtuvo contra los imputados a los que se les persiguió sin querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos.

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Una importante discusión se zanjó esta mañana en la undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que determinó que el Ministerio Público sí podrá formalizar al ex vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, audiencia que no se pudo llevar a cabo a fines de julio, cuando la magistrado del Octavo Juzgado de Garantía, Ema Tapia, determinó que no se podían comunicar los cargos contra Eguiluz por no existir una querella o denuncia en su contra por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Fue un fallo dividido, y con esto, en la función de la Corte de Apelaciones, que en pocas palabras es “unificar criterios”, se da el “vamos” al Ministerio Público para que pueda seguir con la persecución penal de personas que presuntamente estuvieren involucradas en delitos tributarios.

La discusión se dio porque, por ley, sólo el Servicio de Impuestos Internos puede presentar querellas o denuncias en contra de personas que violen las leyes que rigen los impuestos. Cuando ellos presentan una acción penal, establecen el contribuyente a investigar, y una serie de personas que también emitieron documentación sospechosa.

La discrepancia, y lo que tomó la juez Tapia y también argumentaban algunos abogados defensores de los imputados de los casos Penta-SQM, correspondía a que el Ministerio Público tomaba a los mencionados en la querella o denuncia y también presentaban cargos en su contra, pese a que el ente fiscalizador no realizó presentación en contra de ellos concretamente. La Fiscalía, resumiendo al máximo, plantea que los escritos se presentan contra los imputados y “contra todos quienes resulten responsables“.

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Y esto es gravitante para la Fiscalía, porque si la Corte hubiese confirmado la decisión de la magistrado Tapia, “habría sido una limitante bastante importante” indicó el fiscal que lleva el caso SQM, Emiliano Arias a CNN Chile.

En pocas palabras, como el tribunal de segunda instancia “unifica” criterios, esto habría dado paso a que próximas formalizaciones pudiesen quedar anuladas, como lo que ocurrió con Eguiluz, o peor aún: como otros 5 jueces acogieron la presentación de cargos por parte de la Fiscalía, principalmente en el caso Penta, las pruebas recogidas contra estos imputados podrían haberse “objetado” con miras a un juicio oral, y los casos se podrían rápidamente desarmar en instancias más avanzadas de un proceso penal.

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En ese sentido, ahora resta que el tribunal fije una nueva fecha para que se continúe con la formalización en contra de Claudio Eguiluz. Si bien el Servicio de Impuestos Internos finalmente se querelló contra Eguiluz, lo hizo por una querella por delitos tributarios e infracción a la ley de donaciones. No obstante existirían pruebas que involucran al ex Vicepresidente RN en la emisión de 25 boletas de SQM, por un valor total de 112 millones de pesos, así como también una serie de otros documentos emitidos por otras personas vinculadas a Eguiluz.

Ahora, en la línea de persecución criminal del Ministerio Público, Emiliano Arias adelantó que se vienen más formalizaciones en los casos de presunto financiamiento irregular de la política. Resta que el Servicio determine si avanzará en las querellas existentes, como la que no se alcanzó a presentar en contra de SQM Salar, donde está involucrado Giorgio Martelli, operador político de la Nueva Mayoría, que financió a través de Asesorías y Negocios a una serie de personas involucradas en la resistida precampaña de Michelle Bachelet, proceso eleccionario que la mandataria asegura que sólo empezó el 2013.

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