Confirman que proyecto de penas de cárcel por colusión de precios contará con suma urgencia en Congreso

Son siete meses los que lleva descansando en el Congreso el proyecto anti colusión que recrudecía las penas en contra de las personas que incurrieran en prácticas como la alteración del precio de diversos productos o que realicen prácticas que sean contrarias a la libre competencia.

Fue ingresado a principios de este año y la discusión tomó un primer impulso después de que a mediados de año la Justicia absolviera a los ejecutivos involucrados en el caso Farmacias, donde tres cadenas farmacéuticas se pusieron de acuerdo para subir los precios de una serie de medicamentos.

Luego el tema se enfrió, pero el fuego llegó a su punto máximo la semana pasada, cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento en contra de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y la firma sueca SCA, ya que aseguran que éstas se habrían concertado durante cerca de 10 años para fijar los precios de múltiples productos derivados del papel, como pañuelos, servilletas y papel higiénico.

La legislación hasta ahora contempla sólo multas en contra de las empresas que incurran en estas prácticas, multas solicitadas por la FNE, mientras que a nivel penal, se arriesgan también a multas y a penas que están lejos de ser cumplidas tras las rejas.

La indignación del país fue total, y el gobierno no se quedó ajeno, por lo que adelantó que se impulsaría este proyecto para elevar a penas de crimen -o sea cárcel- a los delitos relacionados con este tipo de prácticas.

Esto hoy fue refrendado por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien destacó que “establecer sanciones de cárcel es fundamental para asegurar un adecuado funcionamiento del mercado y una mayor proyección de los consumidores”.

En esa línea, el diputado Patricio Vallespín (DC) señaló a Radio Bío-Bío que “el gobierno ha acordado poner suma urgencia a esta iniciativa, ya aprobada en la comisión de Economía y como Cámara hemos ya adoptado todos los resguardos, pidiéndole al presidente de la Comisión de Constitución para que este mismo jueves comiencen a analizar el mensaje”.

Suma urgencia significa que la discusión y votación en la Cámara de Diputados de un determinado proyecto, debe realizarse en un plazo de 15 días. Después de ello se despacha y pasa al Senado.

“Sabemos que es un proyecto complejo, pero el trabajo en la Comisión de Economía fue exhaustivo y estamos seguros que existe todo el ánimo y la voluntad de llevar pronto este proyecto a Sala”, agregó el parlamentario.

En el proyecto mencionado se contemplan penas que van desde los 5 años y un día (que significa cumplimiento efectivo en prisión) hasta 10 años de presidio.