Día clave en el caso 27/F: 141 familiares de víctimas expondrán antes de que se discuta suspensión de imputados

Las condiciones son las siguientes: el pago de 235 millones de pesos a los abogados querellantes, que repartirán la suma. Además de 10 millones para financiar un seminario donde se analice lo ocurrido en la madrugada del 27 de febrero de 2010 y entregar disculpas públicas.

Esto será lo que debieran enfrentar y concretar los imputados del caso Tsunami, que investiga la muerte de 103 personas a causa del maremoto que tuvo lugar tras el terremoto del 27/F.

El ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, tendría que pagar 80 millones. La ex jefa de la ONEMi, Carmen Fernández, 40 millones, así como también los tres ex marinos del SHOA formalizados en el caso: Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina. El ex jefe del Centro de Alerta Temprana, Johaziel Jamett tendría que cancelar 5 millones de pesos.

Los familiares de las víctimas quedaron indignadas cuando supieron esta suspensión condicional del procedimiento que está actualmente impulsando el fiscal regional de la zona Occidente José Luis Pérez Calaf, por lo que ellos, representados por sus abogados, adelantaron que se opondrán al trato.

Los 141 familiares de los 103 fallecidos en la tragedia, en una decisión poco común, expondrán desde esta jornada ante el Séptimo Juzgado de Garantía, donde ejercerán su derecho a ser escuchadas antes de que la magistrado Carolina Gajardo resuelva la solicitud de esta suspensión condicional del procedimiento.

En conversación con El Mercurio, Alfredo Morgado Travezán, abogado de 17 casos, enfatizó que “lo más significativo (de esta situación) es que los familiares de las víctimas podrán ser escuchados por el tribunal, con el objeto de que pueda resolver. Nosotros, en su oportunidad, tendremos la ocasión de debatir“.

Morgado indicó que “todos los querellantes, en forma unánime, manifestamos nuestra oposición a la suspensión del procedimiento, sobre todo debido a la relevancia jurídico-penal que tiene el caso no sólo para las víctimas, sino para toda la sociedad. Porque aquí falló la protección civil, y en ese contexto significó numerosas muertes. Los imputados tienen la calidad de funcionarios públicos”.

Por tanto, serán varios días los que seguramente se emplearán para escuchar a los familiares de las víctimas de este caso.

Además, en entrevista con Radio Bío-Bío, el ex ministro del Interior de la época, Edmundo Pérez Yoma, indicó que no cree que en el juicio oral se llegue a algo distinto de lo que existe hoy en la investigación.

“Estamos claros de que aquí la falla principal fue el no reconocimiento, por parte de la gente del SHOA, que había habido un tsunami. Yo creo que durante todo ese día no se reconoció”. Además, respecto de responsabilidades del Estado, indicó que “si tomamos al SHOA como parte del Estado, por supuesto”. Esto queda como antecedente que podría ser esgrimido en un juicio civil, para exigir la reparación por parte del Estado a los familiares de los fallecidos del tsunami.