La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente recibió la denuncia por una eventual malversación de caudales públicos contra quienes resulten responsables tras conocerse una presunta entrega de dinero a entidades privadas de seguridad en el municipio de Las Condes.
Durante esta mañana, las abogadas, Ximena Peralta y Grace Schmidt, iniciaron la acción en compañía de vecinos y entregaron la denuncia al fiscal Felipe Sepúlveda.
La denuncia surge a raíz del reportaje hecho por Crónicas Transparentes, en el que dan cuenta de las finanzas públicas de los municipios de Las Condes y Lo Barnechea.
En el texto se da a conocer que “el despliegue de la seguridad pública comunal estaría siendo gestionado no a través del Municipio como entidad pública sino que por intermedio de la Unión comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes”. Y detalla que dicha persona jurídica recibe financiamiento del fisco, lo que se evidencia en los guardias comunales, sin embargo “no existe relación jurídica expresa entre este despliegue de policía comunal y el Municipio”, dice el escrito.
De acuerdo a lo publicado por Radio Biobío, las abogadas manifestaron que “lo que preocupa es observar que el esquema de los municipios: dineros públicos son entregados a entidades privadas para que estas ejerzan funciones públicas. Esto tiene como consecuencias que impide que la ciudadanía e instituciones conocer cuál es el uso que se le da a tales fondos”.
Además, se acusa que en Las Condes se llevaban a cabo contrataciones de empleados que, previo acuerdo, debían devolver parte del sueldo, sin que se identificara a quién particularmente.
Por ello, en su escrito señalaron: “Venimos en interponer una denuncia penal en contra de todos los que resulten responsables como autores, cómplices y encubridores del o los ilícitos señalados, debiendo despachar a la brevedad orden de investigar y realizar todas las diligencias encaminadas a acreditar el delito y la participación de los involucrados”.
Finalmente, se solicitó que se despache la orden de investigación por parte de la Unidad de Anticorrupción de la Policía de Investigaciones para poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público.
