La diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática (RD) enfrenta serios cuestionamientos por un convenio al que llegó su pareja con el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, quien terminó renunciando el sábado por esta controversia al que desde la oposición han catalogado de “conflicto de interés” de parte de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
La Fundación Democracia Viva, donde participaba Daniel Andrade como representante legal, recibió 426 millones de pesos de la secretaría regional ministerial como apoyo de la cartera para la iniciativa de intervenir en campamentos y trabajar con el objetivo de erradicarlos en una zona donde esta problemática ha aumentado con los años producto, en gran medida, de las cifras de inmigración ilegal.
El 3 de octubre la fundación recibió $200 millones, 24 días después fue depositado un monto de $170 millones y el 19 de diciembre otros $56 millones que eventualmente estaban destinados a proyectos sociales con familias que viven en este tipo de asentamientos.
En paralelo a la renuncia de Contreras, la parlamentaria envió un oficio a la Contraloría General de la República antofagastina para revisar el convenio y, según ella, dejar en claro que no existen irregularidades. La oposición, incluso, ha pedido que deje la vicepresidencia de la Cámara Baja y exigen que el órgano contralor tome medidas.
No voy a tolerar que, sin prueba alguna, se busque enlodar mi trabajo poniendo un manto de duda sobre mi gestión“, agregó la diputada RD del distrito 3 de la Región de Antofagasta.
“(Lo hago) para despejar cualquier duda que algunos inescrupulosos han buscado instalar sobre convenios suscritos en mi región, en los que no tengo ninguna participación o injerencia”, explicó Pérez durante el fin de semana.
La renuncia del Seremi
Frente a estas acusaciones y el problema con el convenio, el ahora ex seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta explicó que su decisión está basada en no permitir que se enlode la gestión del Gobierno en esta zona del país y la labor de la fundación en esta materia.
“Lamento mucho no haber previsto la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una organización sin fines de lucro, con la cual no tengo conflicto de interés alguno”, explicó Carlos Contreras.
