La Evaluación de Riesgo Ambiental y sus Desafíos en Chile

Al enfrentar un área potencialmente contaminada son varias las preguntas que surgen, ¿el sector realmente presenta sustancias nocivas para la salud o el ecosistema?, ¿los receptores humanos o ecológicos pueden ver afectada su salud o calidad?, ¿es necesario remediar?, en caso afirmativo, ¿hasta qué nivel hacerlo? La Evaluación de Riesgo Ambiental (ERA), entendida como el proceso científico que permite estimar la probabilidad de qué efectos adversos se manifiesten en humanos o el ecosistema por exposición a contaminantes, permite responder estas preguntas de manera objetiva, transparente y trazable. Esta metodología, ampliamente utilizada a nivel  internacional en naciones como EE.UU., Alemania, México y Brasil, favorece un mejor uso de los recursos, pues permite poner el foco en aquellas áreas más críticas, es decir, las de mayor riesgo.

En Chile la ERA, a pesar de ser un instrumento reconocido en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, es una herramienta cuyo conocimiento y aplicación es disímil y aún insuficiente. Aun cuando, distintos órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental emplean y han fomentado su uso a través de diversos instrumentos de gestión (políticas, resoluciones, manuales, guías), se reconoce la falta de una metodología y visión consensuada, y la definición de aspectos necesarios para su correcta aplicación, como el nivel base de riesgo aceptable.

Esta metodología y las definiciones pendientes resultan especialmente importantes cuando se trata de evaluar y gestionar la presencia de contaminantes en suelos, debido a la falta de una normativa que regule su calidad en nuestro país. Frente a situaciones de este tipo, en algunos casos producto de incidentes ambientales que requieren un actuar rápido, no existe suficiente claridad respecto de los procedimientos de evaluación, estándares, plazos, ni niveles de concentración considerados seguros. Esta incertidumbre impide abordar el problema de forma eficaz y eficiente, y representa una dificultad, tanto para el causante de la contaminación, como para las autoridades encargadas de evaluar, fiscalizar, exigir las medidas correctivas, y comunicar a la población.

El caso de polimetales en la ciudad de Arica y el proyecto de recuperación del terreno de Las Salinas en la V Región constituyen ejemplos conocidos por la opinión pública en los que quedaron de manifiesto brechas vinculadas con la identificación, evaluación, saneamiento y comunicación del riesgo, aspectos que mejorarían fortaleciendo las capacidades nacionales en torno a la ERA y logrando un trabajo más sinérgico entre las autoridades con competencia en esta materia.

Es necesario que se inicie a la brevedad un proceso de definición consensuado sobre los aspectos que hoy están pendientes (como por ejemplo riesgo aceptable), con el fin de generar lineamientos claros tanto para la sociedad como para las empresas y los actores públicos.