La nueva relación de los proyectos y las comunidades

El creciente número de proyectos de inversión que han visto paralizado su desarrollo en los últimos años no pareciera ser novedad. Hablamos de miles de millones de dólares (más de US$ 70 mil millones) a la espera de ser destinados a proyectos mineros y de energía, principalmente, que se encuentran detenidos debido a dificultades asociadas mayoritariamente con las comunidades y no sólo aquellas aledañas a los proyectos en cuestión.

El concepto “no en mi jardín”, del que venimos escuchando hace un tiempo, ha tomado fuerza en Chile, respondiendo de alguna forma a una ciudadanía más educada y empoderada, consciente de sus derechos y de lo que puede –y debe- exigirle al Estado. Si hasta hace algunos años bastaba con que un proyecto de envergadura contara con los permisos legales para desarrollarse con éxito y sin mayores problemas, hoy en día es impensado operar de dicha manera.

Las empresas están aprendiendo a fuerza de ensayo y error. Porque así como “se aparece marzo” (como dice la publicidad), arribó un nuevo estilo de relacionamiento comunitario del que cada vez hablamos más, pero desde el mundo privado ha sido insuficiente lo que se ha hecho para responder.

Casos como los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro o de energía como Barrancones e HidroAysén, son el claro ejemplo de lo descrito, donde distintos grupos de interés han alzado la voz y han recurrido incluso a la Justicia para frenar proyectos de esta naturaleza. Sin embargo, existen casos también como el de la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina, que luego de grandes problemáticas con la comunidad y de haber cerrado sus instalaciones hace dos años, a comienzos de este mes nos enteramos de la petición pública de un grupo de mil vecinos para que se reabra la planta y recuperen así sus puestos de trabajo.

Lo anterior abre el debate: ¿Cómo conviven los grandes proyectos y las comunidades? El Ministerio de Energía está dibujando la fórmula para hacer de ésta una relación más armónica, donde las comunidades perciban el beneficio de tener un proyecto energético como vecino y no sólo estén sujetos a los impactos negativos de ello. La entidad ha diseñado la llamada “Ley de Asociatividad” que tiene como objetivo hacer socios a las comunidades en el desarrollo de proyectos, el pago de tributos locales y la reducción de los costos de la energía en los territorios, entre otras medidas.

Esta respuesta del Estado hacia esta creciente problemática ha sido bien vista y celebrada por el empresariado. Pero, ¿qué pasa con el resto de los negocios?, ¿cómo hacemos para que las inversiones queden en nuestro territorio pero que no sólo beneficien a unos pocos?

Aunque es un cambio de paradigma, el empresariado tiene el desafío de identificar a las comunidades como un aliado estratégico y no como a un enemigo, a un socio en la tarea de llevar adelante un proyecto; el desafío de generar valor compartido. Comienza un nuevo año y con él importantes retos. Es de esperar que finalice con menos conflictos, menos proyectos entrabados y más comunidades partícipes del desarrollo, por supuesto, sostenible.