Amnistía Internacional acusa a Chile de “incumplir sus obligaciones” con inmigrantes venezolanos
Amnistía Internacional observa "con suma preocupación que las autoridades chilenas siguen implementando medidas y prácticas ilegales, como la exigencia de auto-denuncia y el examen de pre-admisibilidad de las solicitudes de asilo, que obstaculizan el derecho de solicitar asilo".
Por Cristián Meza
La organización también advierte sobre la continuidad de la crítica situación que ha llevado a más de 7,71 millones de personas a salir de Venezuela en búsqueda de protección. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Amnistía Internacional acusó que Chile están incumpliendo sus obligaciones de proteger a quienes huyen de Venezuela para resguardar su vida, integridad y derechos humanos.
Esto, en el marco de la presentación de su informe “Regularizar y proteger: Obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas”, el organismo apuntó que “Colombia, Perú, Ecuador y Chile no han podido, o no han querido, proteger a quienes huyen de Venezuela. Las distintas medidas y programas que están implementando para ofrecerles un estatus migratorio regular no cumplen con los estándares que marca el derecho internacional. Estos Estados tienen la oportunidad y la obligación de proteger a las más de cinco millones de personas venezolanas en sus territorios de manera urgente”.
En el caso de Chile, Amnistía Internacional señala que cuenta con leyes que “definen a una persona refugiada como quien huye de situaciones como la de Venezuela, la organización ha comprobado que rara vez las aplican”.
En Chile, con al menos 444.400 personas venezolanas en su territorio, la implementación de la más reciente medida de regularización, destinada a las personas en situación migratoria irregular independientemente de su nacionalidad, fue puesta en marcha en 2021. A la fecha no existe ningún programa de protección temporal o complementaria para personas venezolanas.
Amnistía Internacional observa “con suma preocupación que las autoridades chilenas siguen implementando medidas y prácticas ilegales, como la exigencia de auto-denuncia y el examen de pre-admisibilidad de las solicitudes de asilo, que obstaculizan el derecho de solicitar asilo”.
La organización también advierte sobre la continuidad de la crítica situación que ha llevado a más de 7,71 millones de personas a salir de Venezuela en búsqueda de protección, cifra que representa más del 25% de la población total de Venezuela. Lejos de estar revirtiéndose la situación, el número de personas en el extranjero refleja un aumento de 1.400.000 personas que salieron del país entre mayo de 2022 y agosto de 2023.
