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Actualizado el 25 de Noviembre de 2020

Nuestro océano está en peligro

Esta semana se reúnen en Chile líderes políticos, científicos y activistas de todo el mundo en el congreso Nuestro Océano. El océano es nuestro, pero lo estamos contaminando y sobre-explotando como si fuera ajeno. Pese a que la degradación del océano no es tan visible como la deforestación, es igualmente peligrosa. Por lo menos la mitad del oxígeno que respiramos proviene de sus aguas, las que absorben más dióxido de carbono que los bosques.

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Andrés Velasco es Economista y ex candidato presidencial. Ex ministro de Hacienda (2006-2010), miembro de Fuerza Pública. Investigador, asesor y profesor universitario. Bachiller en Filosofía y Economía y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Yale. Doctor en Economía de la Universidad de Columbia y post-doctorado en Economía Política en la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

La degradación es especialmente preocupante en la vasta zona constituida por las aguas internacionales, o alta mar. Estas son las aguas que quedan fuera de la zona comercial exclusiva de las naciones costeras y que comprenden las dos terceras partes de los océanos, es decir, el 45% de la superficie terrestre.

El aumento de las temperaturas reduce la capacidad de los océanos para acopiar el oxígeno. La absorción cada vez mayor de dióxido de carbono causa la acidificación del océano y cambios sin precedentes en las condiciones químicas y físicas, los que a su vez afectan a los organismos y los ecosistemas marinos. La vida misma de los océanos está amenazada.

Los desechos marinos causan la muerte por asfixia o inanición de aproximadamente un millón de aves marinas y unos cien mil mamíferos marinos (focas, ballenas y delfines) todos los años. La basura marina representa un tremendo peligro para el transporte marítimo. La contaminación con plásticos –incluidos los micro-plásticos que entran en las cadenas alimentarias y pueden poner en peligro la salud humana– es un problema creciente.

Ha llegado la hora de aplicar el imperio de la ley al alta mar. Ése es uno de los propósitos del congreso Nuestro Océano. Es también objetivo clave de la Comisión Global de los Océanos, ente internacional autónomo integrado por ex jefes de estado, ministros y dirigentes empresariales, en la que me ha honrado participar. No hace mucho propusimos un plan de rescate que plantea ocho propuestas para mejorar la gobernanza y restablecer la salud de los océanos.

Para fortalecer la gobernanza del alta mar, la Comisión Global de los Océanos propuso firmar un nuevo acuerdo, bajo el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar, para proteger la biodiversidad en las zonas que quedan fuera de la jurisdicción nacional. Hoy menos del uno por ciento del alta mar está protegido. De ahí importancia decisiva que ese nuevo acuerdo contemple disposiciones para crear zonas protegidas en el alta mar. La Asamblea General de las Naciones Unidas ya anunció un proceso de negociación que partirá el año entrante. Es la ocasión de convertir las buenas palabras en realidad.

También propusimos que se apruebe una convención internacional para establecer la responsabilidad y la compensación por las pérdidas económicas y los daños ecológicos causados por la exploración y la producción de petróleo y gas en alta mar, que debe estar siempre sujeta a protocolos de seguridad jurídicamente vinculantes.

Además, para eliminar la pesca ilegal, que priva nuestros océanos de vida marina, propusimos que se establezcan números de identificación obligatorios y el rastreo de todos los buques que pescan en alta mar, y una prohibición total de los transbordos en el mar. Si acabamos con los resquicios, cerraremos por fin nuestros puertos y mercados al pescado capturado ilegalmente. Una Junta Mundial de Rendición de Cuentas sobre los Océanos, cuya creación también propusimos, debe supervisar los avances en todos esos frentes.

Pese al exceso de pesca, unos cuantos países —en particular Japón, Estados Unidos, Francia y España), junto con China y Corea del Sur— subsidian artificialmente la pesca industrial en alta mar, la que sin ellos no sería financieramente viable. Estos países y otros gastan 30 mil millones de dólares al año en subsidios, que además de ser ineficientes contribuyen a perpetuar la pesca abusiva y a la pesca ilegal, no denunciada y no regulada, con lo cual su impacto ambiental es aún más severo. Según calcula el Banco Mundial, la mala gestión de los recursos pesqueros le costó a la economía mundial 83 mil millones de dólares en 2012.

La décima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio se reúne en Nairobi en diciembre. Esa será la gran oportunidad de prohibir los subsidios a más tardar el 2020. Chile ya ha hecho un gran aporte al anunciar Áreas Marinas Protegidas alrededor de Isla de Pascua y las Islas Desventuradas (San Félix y San Ambrosio), que al concretarse convertirán a nuestro país en líder mundial en la protección de ecosistemas marinos. En Nairobi Chile puede hacer otro gran aporte, apoyando el plan propuesto por Nueva Zelanda, Argentina, Islandia, Noruega, Perú y Uruguay, que eliminaría los subsidios que generan la sobrepesca.

Con una de las líneas costeras más largas del planeta, Chile es un país oceánico por excelencia. El océano es nuestro. Cuidémoslo.

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