El resultado Fiscal 2017
Es esperable que se realicen los mayores esfuerzos para cumplir la regla fiscal y la senda de ajuste diseñada por la misma autoridad, ya que nadie se la impone exógenamente. No fue ese el caso esta vez
Por Guillermo Patillo
Guillermo Patillo es Director Académico del Observatorio del Gasto Fiscal, profesor de la Usach y ex subdirector Dipres.
Hace pocos días conocimos los resultados de las cuentas fiscales de 2017. Si bien no hay grandes sorpresas, ellos confirman la persistente falta de voluntad de las autoridades para controlar la expansión del gasto fiscal.
Aun cuando los ingresos fueron este año mayores a los inicialmente previstos, el déficit efectivo volvió a crecer, alcanzando a 2,8% del PIB estimado para el año. El déficit de 2017 se convierte así en el más alto desde 2009, cuando llegó a 4,3% del PIB y la economía sufría los impactos de la Gran Recesión internacional.
El gasto del gobierno central total creció 4,7% respecto a 2016 y alcanzó a 24% del producto. Esto significa que se sobreejecutó el gasto aprobado en la ley de presupuesto; en concreto, la ejecución llegó a 100,5% de la ley aprobada.
Esta sobreejecución ocurrió, sin embargo, sólo en el gasto corriente, que creció 6,3% a/a y ejecutó el 101,6% de la ley aprobada; el gasto de capital, en cambio, cayó 3%, ejecutándose del orden del 95% de lo aprobado.
La expansión del gasto corriente estuvo muy influida por el aumento en 6,9% a/a de los subsidios (que representan el 42% de ese gasto) y el aumento relativamente alto del gasto en personal (5,9%) que corresponde al 24% del gasto corriente. Por su parte, el pago de intereses por la deuda pública (que representaron el 4,1% del gasto corriente) creció 12,8%.
En síntesis, y como se vio durante el año, la variable de ajuste para evitar una expansión aún más severa del gasto fue la inversión pública.
La existencia de un déficit efectivo implica necesariamente la reducción del patrimonio. En el caso del gobierno central el financiamiento del déficit significó en 2017 un aumento de sus pasivos netos y una deuda bruta que alcanzó a 23,8% del producto estimado para el año. Es precisamente esto, el rápido crecimiento de la deuda, una de las características que ha tenido la conducción fiscal de este gobierno; en diciembre de 2013 la deuda bruta del gobierno central llegaba a 12,7% del PIB, hoy es casi el doble, tanto en nivel absoluto como relativo.
La otra mirada a los resultados fiscales es desde el balance cíclicamente ajustado. Al enviarse al Congreso el proyecto de presupuesto para 2017, la autoridad sostenía que “de acuerdo a las proyecciones de ingresos efectivos y de gasto total, se estima un déficit efectivo del Gobierno Central Total para 2017 (…) equivalente a 3,3% del PIB proyectado para el año. Este resultado efectivo incluye un componente cíclico equivalente a 1,8% del PIB, con lo que se estima un déficit cíclicamente ajustado de 1,5% del PIB proyectado para ese año.” (Informe de Finanzas Públicas -IFP-, octubre de 2016, pág. 36)
Como lo dijimos antes, el déficit efectivo fue finalmente menor a la cifra inicialmente proyectada, pero el déficit “estructural” fue mayor y, además, tampoco se logró la convergencia hacia el equilibrio que la misma autoridad se había impuesto al sostener que “la meta fiscal de la presente administración será, a partir del año 2016 y hasta 2018, reducir el déficit estructural en aproximadamente el equivalente a un cuarto de punto porcentual del Producto Interno Bruto cada año, medido este último con parámetros estructurales comparables de un año a otro” (Ibídem).
Si bien no es factible ex ante comprometerse con un resultado ex post exacto, es esperable que se realicen los mayores esfuerzos para cumplir la regla fiscal y la senda de ajuste diseñada por la misma autoridad, ya que nadie se la impone exógenamente. No fue ese el caso esta vez. Ya en septiembre las autoridades de Hacienda sabían que el déficit cíclicamente ajustado estaría por arriba del que se debía alcanzar por la regla y nada fue hecho para reducir el aumento del gasto, variable sobre la cual la autoridad sí tiene control.
El legado que se deja a las autoridades que asumirán en marzo, y finalmente al país, es un presupuesto fuertemente deficitario y con enormes presiones de gasto que hoy está muy claro para todos que no son financiables. El deterioro que se ha producido en las cuentas públicas no es neutro, ha generado y seguirá generando importantes costos a la sociedad.
