Gas, Estado y fútbol

Distintos políticos continúan defendiendo el fallido proyecto piloto Gas para Chile argumentando que los cálculos financieros están mal hechos y que el debate se ha ideologizado. A pesar de cómo quieran contar la historia, lo siguiente debe quedar claro: el proyecto sí fue inviable y sí podemos usar este ejemplo para criticar el rol del Estado.

El diputado Winter ejemplifica que si abrir un nuevo restaurante costó 500 millones y el primer día de operación hubo 5 clientes, no se puede concluir que el costo fue de 100 millones por cliente.

Efectivamente, dentro de esos 500 millones hay costos fijos como el precio del edificio y de los artefactos para la cocina que no deberían ser contabilizados en la comparación utilidad versus costo de corto plazo. En su lugar, la utilidad por cada plato vendido debe ser comparada con los costos variables, como lo son los ingredientes y las cuentas de agua, luz y gas. Si el precio al que se vende cada plato se ubica por debajo el costo variable de prepararlo, el restaurante no debiese seguir operando.

Así fue el caso del inviable Gas para Chile, donde sus costos variables de alrededor de $40 mil por cilindro superaban el precio de venta de alrededor de $15 mil por cilindro. Ya que la mayoría de esos costos provienen del despacho de los cilindros, ENAP —la empresa estatal encargada—decidió que ya no despachará más y sólo se dedicará a la parte previa del proceso, donde tienen más ventajas. “Se ganó experiencia” dirán algunos, pero el problema es que los insostenibles costos de despacho eran fácilmente calculables sin necesidad de hacer el piloto, bastaba con cotizar precios de distribución en el mercado para darse cuenta de que los costos serían demasiado altos.

Tampoco podemos dejar de lado el costo total de $117 mil por cilindro que suman $591 millones por el piloto entero. En lugar de experimentar en la industria del gas, el Estado pudo haber aprovechado todos esos recursos para subsidiar cilindros de gas para los que más lo necesiten, o simplemente hacer transferencias directas para que los individuos dispongan de esos recursos como mejor estimen conveniente.

“No podíamos subsidiar al mundo privado cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) advertía graves problemas en los mecanismos de competencia en el mercado” dice la ministra Vallejo. Pero es evidente que la intención del gobierno nunca fue hacer caso a la FNE, ya que esta nunca propuso bajar el precio de los cilindros a través de una empresa estatal y más bien recomendó incrementar la competencia mediante cambios en la regulación de la industria.

Vallejo y Winter argumentan que, efectivamente, el piloto está logrando bajar los precios de los cilindros. Claro que los precios de los cilindros bajarán si las empresas privadas tienen que competir de forma injusta con ENAP, que usa el dinero de los contribuyentes para cubrir sus pérdidas. Si ENAP hace un mal negocio no cerrará porque siempre contará con recursos públicos (tan solo en 2022 el Estado traspasó casi 3 veces a ENAP lo que ENAP traspasó al Estado). Las empresas privadas no tienen esa ventaja, si les va mal, tienen que cerrar.

El expresidente de la FNE, Ricardo Riesco, correctamente señala que, cuando la competencia es escasa y los precios altos, la solución no es que el Estado se ponga a competir, sino que ocupe su “función única e irreemplazable” para modificar la regulación.

En términos futbolísticos, nadie lo explica mejor que mi amigo, Juan Lagos, quien dice que el rol del Estado no es el de estar en cancha metiendo goles, sino más bien el de arbitrar el partido procurando que las reglas se respeten. Si el árbitro hace bien su pega, cada futbolista juega en igualdad de condiciones y tiene la oportunidad de llegar a su máximo potencial. Patadas maliciosas o conspiraciones para llegar a un resultado mutuamente conveniente son cosas que se ven el fútbol, pero es trabajo del árbitro y no de los jugadores asegurarse de que esas malas prácticas no pasen desapercibidas y sean castigadas según corresponda.