El Gobierno del presidente Boric ha insistido en que, durante el primer semestre de 2024, buscará “modernizar” el sistema de educación superior. La reforma asociada a dicho objetivo consistiría de, entre otros ajustes de relevancia para el funcionamiento del sector, un cambio en el financiamiento.
Respecto a un eventual proceso, el subsecretario de Educación Superior ha afirmado que “tenemos que aprender de la generación de los años 60, que entendió la masificación de la educación superior como parte de una política de desarrollo industrial” . Más allá de la tesis de que el sistema de educación superior no ha respondido a las demandas del mercado laboral, respaldada por escasa evidencia y funcional a un ánimo de control estatal sobre el sector productivo, resulta de interés analizar brevemente el financiamiento público de la educación superior.
Hoy en día, los estudiantes de educación superior ven financiados sus estudios de diversas formas: (i) la gratuidad, que consiste en una prohibición de cobro a cambio de una transferencia desde el Fisco a las instituciones adscritas, determinada por el número de estudiantes que posean del 60% más vulnerable del país y el arancel regulado del programa en específico; (ii) las becas, dirigidas a los estudiantes que, proviniendo de deciles más bajos de ingresos, cumplan con requisitos específicos de selectividad académica; (iii) los créditos, como el CAE y el FSCU, que, a través de instituciones bancarias o del Estado, respectivamente, financian los estudios superiores, a cambio de la devolución del dinero con una tasa de interés subsidiada; y (iv) el financiamiento privado.
La autoridad ha expresado la intención de extender el mecanismo de financiamiento de la gratuidad a deciles superiores, condonando la deuda asociada al Crédito con Garantía Estatal (CAE), eliminando el copago e implementando un elemento de devolución de los recursos a través de impuestos. Frente a eso, resulta crítico establecer ciertos puntos sobre la reforma que intentará el Ejecutivo durante la primera parte del 2024.
En primer lugar, es debatible si esta reforma debe ser una prioridad en el escenario educativo actual. El Gobierno no ha sido capaz de revertir los problemas más graves y coyunturales del sistema educativo, derivados de las distintas dimensiones de la crisis del Covid-19. En preescolar, la cobertura cayó por primera vez desde 1992 entre los niños de 3 a 5 años de edad; frente a eso, no ha habido una respuesta decidida o eficaz por recuperar lo perdido —una constante en el desempeño de la Subsecretaría de Educación Parvularia. En el sistema educativo de básica y media, por otro lado, hemos observado pérdidas brutales de aprendizajes, deserciones masivas de estudiantes, la continua proliferación de la violencia escolar y una pérdida de sentido respecto del rol de las familias y de las escuelas. En esto, la acción del Ministerio de Educación no sólo ha pecado de insuficiencia; ha sido negligente. ¿Conviene realmente al escenario dramático de nuestra educación escolar hablar hoy del financiamiento de los estudios superiores?
Lo anterior no implica que no existan múltiples problemas en cómo se financia públicamente la educación terciaria. Más bien, ese es el segundo elemento que se debe considerar: el enfoque de la intención del Ministerio es errado. Hoy la gratuidad presenta gravísimos y múltiples problemas de diseño, impide la orientación del sistema al desarrollo institucional y da lugar a arbitrariedades en la regulación.
Extender estos problemas al resto del sistema lesionaría gravemente la capacidad de desarrollo de sus instituciones.
Una reforma del sistema de financiamiento debería apuntar a resolver problemas como el costo de la sobre duración de carreras de estudiantes con gratuidad, los límites de aranceles para no beneficiarios y las inversiones necesarias para implementar los nuevos estándares y criterios de acreditación, entre otros.
En tercer lugar, una reforma que implique la condonación de la deuda asociada al CAE siempre será altamente irresponsable como política pública, por dos razones; (i) porque el costo de la deuda CAE ronda los 12 mil millones de dólares o casi un 4% del producto del país. En otras palabras, cerca de 40 veces lo que el Gobierno comprometió para el plan de reactivación educativa el año 2023. El Fisco no tiene ni tendrá los montos de liquidez para enfrentar dicha deuda, y la insistencia del Gobierno en decir que lo hará es simplemente irresponsabilidad; y (ii) porque los deudores del crédito no presentan altos índices de vulnerabilidad —tesis que trató de instalar un informe de la Subsecretaría de Educación Superior, que carecía de una metodología aceptable y tratamiento de datos correcto —, sino altos ingresos y profesionalización. El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó en julio de 2023 a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la distribución salarial de los deudores CAE: a diciembre de 2020, un 53% ganaba más de 750 mil pesos y un 36% más de 1 millón, con cuotas de pago promedio de 1,4 UF (a la fecha, cerca de 50 mil pesos). ¿No sería mejor invertir los recursos fiscales, más escasos que de costumbre, en programas de mayor rentabilidad social, como, por ejemplo, orientados al acceso y permanencia en educación parvularia?
Un sistema de financiamiento de la educación superior debe tener tres principios mínimos: (i) el acceso o que nadie se quede fuera de la educación terciaria por motivos económicos; (ii) la protección de la autonomía institucional, que permite el florecimiento de proyectos innovadores y beneficiosos para el país; y (iii) la igualdad de trato a los individuos que ingresan al sistema. Una reforma como la que propone el Gobierno, que extiende los mecanismos de la gratuidad (y, por tanto, sus problemas) y busca la condonación de las deudas educativas, no respeta ninguno de estos principios, porque limita aún más el desarrollo institucional y utiliza ingentes recursos fiscales, que podrían ser destinados a mejorar los niveles iniciales de la enseñanza, para una medida regresiva y de segunda prioridad en el escenario actual.
