Seguridad en la cuenta pública: la voltereta más corta

La fórmula de moda para obtener réditos políticos es resaltar los cambios de opinión del presidente Gabriel Boric, especialmente en materia de seguridad. Es un hecho que quienes en el pasado validaron la violencia y la revuelta social como un derecho y denostaron con vehemencia la función pública de Carabineros de Chile, hoy, estando en el gobierno, tienen un discurso contrario a ambas ideas.

Pero ¿es este un cambio malo para el país?

Por supuesto que no. La reivindicación transversal del Estado de derecho y de la necesidad de respetar y fortalecer la institución de Carabineros debería alegrarnos, ya que dificulta que estas antiguas ideas de quienes hoy nos gobiernan vuelvan a ser predicadas en un futuro cercano.

Además, este cambio se ha traducido en medidas que son positivas para Chile. En su discurso, el Presidente informó que en 2025 tendremos 1.392 nuevos Carabineros, la incorporación de 250 nuevos agentes policiales por año a la Policía de Investigaciones (hasta llegar a 4.000) y la contratación de 250 nuevos fiscales. También mencionó la habilitación de 5.000 nuevos cupos en las cárceles del país.

Se trata de medidas importantes. Sin embargo, preocupa que no exista la misma claridad para anunciar medidas concretas en materia de reinserción social y prevención de delitos, aspectos que en el pasado parecían ser prioritarios para este gobierno y que han desaparecido de su relato.

En esta parte del discurso el Presidente anunció un mandato al Ministro de Justicia de “formular un modelo de reinserción”. También comprometió para el presupuesto 2025 que las carteras de deporte, educación, cultura, desarrollo social, vivienda y mujer reciban recursos para prevención del futuro Ministerio de Seguridad. Quedando menos de dos años para el término del período de este gobierno cuesta comprender la ausencia de planteamientos más precisos, en especial en prevención.

En Pivotes tenemos una propuesta. Creemos que asegurar el acceso permanente e ininterrumpido de niños, niñas y adolescentes a una efectiva garantía de su derecho a la educación debería estar en el corazón de las políticas de prevención y también de reinserción social.

La escuela es mucho más que un currículum y estándares de aprendizaje. Es el espacio dónde niños, niñas y adolescentes aprenden a convivir y a tolerar. Dónde diariamente deben participar de una comunidad de manera respetuosa y solidaria. Dónde debieran acceder a factores protectores, que promuevan su desarrollo personal y su salud mental y emocional, mediante un buen uso del tiempo libre, cómo ocurre con las artes, la cultura, los deportes o las ciencias. Y en el mejor de los casos, donde también recibirán amistad, cariño y contención.

Es por lo anterior, que mantener las escuelas abiertas y a los niños asistiendo a ellas en forma regular, resulta indispensable para la prevención de delitos, para la reinserción, y en general, para la construcción de sociedades en que la convivencia social pacífica sea posible.

Por el contrario, cuando no tenemos cupos suficientes para la demanda de matrícula requerida, cuando somos incapaces de enfrentar la deserción y cuando normalizamos las permanentes suspensiones de actividades por balaceras, narcofunerales o las recurrentes tomas ilegales, en su mayoría violentas, abdicamos dicho rol.

¿Cómo asegurar escuelas abiertas y disponibles en cantidad suficiente? Primero, establecer que los establecimientos educacionales sean declarados “servicios esenciales” para que su paralización esté prohibida por la legislación y se contemplen sanciones drásticas para quienes causen o promuevan la interrupción del servicio educativo.

En segundo lugar, asumir que nuestro sistema de educación pública es uno de carácter mixto, en que conviven una parte de la oferta administrada por el estado y otra administrada por organizaciones privadas sin fines de lucro. A partir de esta visión, quitar de una vez el foco del administrador y ponerlo en promover la proliferación de las mejores alternativas de educación disponibles, para que nunca más falten cupos para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Esperemos que el gobierno acoja estas ideas y que en lo que queda del año y especialmente en la ley de Presupuestos para el que viene, formule con más audacia propuestas concretas en estas materias, para que esta “buena voltereta” en materia de seguridad, no sea demasiado corta.