5 claves para entender el Fondenor, la fuente de recursos que espera Calama

La permanencia de recursos permanentes del cobre en la región de Antofagasta y sus nueve comunas es la principal exigencia de la Asamblea Ciudadana de Calama, comuna que permanece en estado de alerta, movilizada, y hoy en paro, atenta a la respuesta que debe dar el gobierno a sus peticiones antes de que termine el mes de marzo.

Tomando en cuenta la experiencia de la crisis de Aysén y en un intento claro de bajar la tensión a una potencial crisis en Calama, el gobierno, a través del ministro Rodrigo Hinzpeter, anunció el pasado viernes su venia para enviar a tramitación legislativa el proyecto de ley que crea el Fondo para el Desarrollo del Norte (Fondenor).

Esta iniciativa, gestada por los senadores Carlos Cantero (independiente) y José Antonio Gómez (PRSD), plantea una suerte de revival de una ley de 1955, derogada en 1976 por la dictadura.

De llegar a puerto, esta iniciativa, que formó parte de las promesas de campaña con que Sebastián Piñera conquistó a sus electores del Norte Grande, cuando era candidato presidencial, se convertiría en la fórmula para responder a la principal demanda de los calameños, aunque aún no está del todo claro si dejará satisfechos a los dirigentes del movimiento.

En lo esencial, el proyecto de ley planteado por los legisladores dice lo siguiente:

– El Fondo para el Desarrollo del Norte estará constituido por el 10% de la recaudación tributaria que el Estado obtenga anualmente de la actividad minera. Estos recursos se incorporarán a la Ley de Presupuesto de cada año, que deberá destinarla exclusivamente a la Región de Antofagasta. El Fondo tiene carácter acumulativo y debe ser administrado y ejecutado conjuntamente por el Gobierno Regional de Antofagasta y los municipios respectivos.

– Para la asignación de recursos en los planes de desarrollo de la Segunda Región, el proyecto contempla la figura de una Junta de Adelanto de la Región de Antofagasta, constituida por el Intendente y los Consejos Regionales, el Gobierno Regional, los alcaldes de las comunas de la región, un representante de las universidades del Consejo de Rectores y un representante de las Uniones Comunales.

– La Junta de Adelanto deberá elaborar un Plan de Desarrollo Regional para el uso de los recursos, que contemplará obras en infraestructura, salud, educación, programas de medio ambiente, fomento y desarrollo de generación de energías renovables, fomento productivo, o lo que determine la Junta. No se podrán destinar estos recursos a gastos corrientes de Gobierno Regional o de los municipios.

1- Corrige la ineficiencia del FNDR. De acuerdo con los impulsores del proyecto, actualmente, los recursos directos asignados a la Región de Antofagasta por conceptos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y pagos de patentes mineras, no compensan en su justa medida el empobrecimiento de la región por la extracción de sus recursos naturales no renovables. El FNDR, además, contiene errores metodológicos, al no considerar el alto costo de vida y la alta tasa de conmutación laboral que afecta a la región.

2- Reconoce el costo ambiental. El proyecto reconoce el enorme deterioro ambiental derivado de la actividad minera, con  consecuencias en la salud de las personas y perjuicios sobre otras actividades productivas. Prueba de ello es que Calama, Tocopilla y Mejillones han sido declaradas Zonas Saturadas de material particulado. Además, Antofagasta, María Elena y Sierra Gorda están llegando a la misma situación.

3- Recoge la idea expresada en el lema “Qué sería de Chile sin Calama”. Así se llamó inicialmente el movimiento social que hoy exige compensaciones económicas al gobierno. El Fondenor reconoce que la principal actividad económica de la Segunda Región es la explotación minera, por lo tanto, esta zona es la más importante fuente de ingresos y riquezas para el país. También pretende corregir la histórica explotación y comercialización de commodities que vivió el norte con el auge y la crisis del salitre, con las consecuencias de abandono económico y social conocidas.

4- Repone una ley eliminada por Pinochet. En el pasado, con el auge del cobre a  partir de mediados del siglo XX, la Región de Antofagasta tuvo un estatus legal especial en relación al tratamiento tributario, expresado en la Ley 11.828 de 1955, refundida en la 16.624 en 1967 y derogada por el Decreto Ley 1.349 de 1976, en el gobierno militar. De acuerdo con este cuerpo legal, a las empresas de extracción se les establecía un impuesto único sobre sus utilidades.

Fue la primera vez que se dio un tratamiento diferenciado al Norte Grande, específicamente a los territorios productores de cobre, asumiendo que los recursos explotados por capitales extranjeros debían proporcionar no sólo ingresos frescos para el erario nacional, sino que enfocarse estratégicamente en la zona donde este recurso era trabajado.

Sin embargo, la nacionalización del cobre en la década de los setenta y la posterior aparición de un nuevo modelo productivo en la dictadura, implicó la derogación de la Ley 16.624 (antigua 11.828) en 1976. Ha habido varios intentos de restaurar los beneficios de la Ley 11.828, pero todos han fracasado. Dentro de las últimas iniciativas está el Proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados, presentado por un grupo de diputados y aprobado del 11 de enero de 2007, que solicitó a la Presidenta Bachelet restituir ese cuerpo legal.

5- Pavimenta el camino para otras regiones mineras. Si bien el Fondenor solicitar la creación de un fondo especial solamente para la Región de Antofagasta, losautores delproyecto dejan abierta la puerta para que se extienda a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Coquimbo, todas zonas kineras dle norte de Chile, que comparten con Antofagasta la característica de contribuir significativamente al erario nacional a partir de la explotación minera.