Las preocupantes cifras del "bullying": Aumento de 21% en denuncias durante 2011

Distintos actores insisten en la necesidad de mejorar la ley sobre violencia escolar. Ésta obliga a denunciar los casos y establece multas de hasta 50 UTM para colegios que no actúen.

Las preocupantes cifras del "bullying": Aumento de 21% en denuncias durante 2011
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806 denuncias por abuso sicológico. 1.249 casos de ataques físicos. Son las cifras que maneja el Ministerio de Educación respecto al maltrato sistemático entre compañeros de colegio, el llamado “bullying“.

Las denuncias recibidas el año 2011 totalizan 2055, desglosadas en los casos ya citados, lo que representa un aumento del 21% comparado con el 2010, año en que hubo 1.671 acusaciones. Y en lo que va del año ya llevamos 43 denuncias.

Según consigna La Tercera, ante este escenario los actores involucrados en la Educación señalan que es necesario mejorar la ley sobre violencia escolar, que data de septiembre. Su normativa introduce cambios en el articulado de la Ley General de Educación, obligando a los cerca de 12.500 establecimientos que reciben fondos del Estado a establecer un Consejo Escolar, en el que apoderados, estudiantes y personal deben generar un clima de tolerancia. Para las entidades privadas, debe implementarse un Comité de Buena Convivencia debe hacer lo propio en las escuelas privadas.

La norma además obliga a las comunidades educativas a denunciar de inmediato los casos, entregando atribuciones al Mineduc para cursar multas a los establecimientos que no apliquen medidas correctivas, disciplinarias o pedagógicas.

“No podrán esconder la cabeza. La idea es que los colegios se motiven a actuar. Antes no se podía penalizar a las escuelas, pues no existía una ley en ese sentido”, afirma el abogado Oscar Acevedo, de la oficina de ayuda ciudadana del Mineduc.

Hasta 50 UTM -2 millones de pesos- podrían alcanzar las multas aplicadas, monto que se puede duplicar en caso de reincidencia. Si el establecimiento no otorga una respuesta satisfactoria, el ministerio puede designar a un supervisor para que actúe como mediador entre las partes, a petición del apoderado.