La reciente propuesta de actualización curricular presentada por el Ministerio de Educación busca modernizar las Bases Curriculares de 1° básico a 2° medio. Esta iniciativa, actualmente en consulta pública, responde a los desafíos actuales de la educación mediante un amplio proceso de diagnóstico, investigación y participación de comunidades educativas y sociedad civil, generando una gran cantidad de evidencia sólida para sustentar este cambio.
Entre los cambios más destacados se encuentran la actualización y armonización de los objetivos de aprendizaje, es decir, de aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que cada estudiante desarrolla al asistir a un establecimiento educacional. Así, se introducen nuevos focos que responden a los desafíos del siglo XXI, como lo es el cambio climático, los desastres naturales, la educación financiera, la ciudadanía digital y, con gran énfasis, la educación socioemocional.
No obstante, la propuesta no ha estado exenta de críticas. Paradojalmente, se argumenta que la actualización curricular podría desviar la atención de problemas más urgentes como la violencia escolar y las brechas en el aprendizaje, exacerbadas por la pandemia. Ante esta posición, cabe preguntarse, ¿de qué otra forma se puede abordar la violencia escolar si no es a través del aprender a convivir? Y, ¿cómo se disminuyen las brechas de aprendizaje sino es a través del cuestionamiento sobre qué aprender?
Otra crítica es la preocupación por el impacto en los resultados de las evaluaciones estandarizadas. Se argumenta que el enfoque en nuevas áreas podría diluir el foco en aquellas tradicionalmente evaluadas, afectando los resultados en pruebas nacionales e internacionales. Quienes defienden esta crítica, olvidan que el propósito de la escuela no es preparar al estudiantado para que obtenga buenos resultados en evaluaciones estandarizadas.
Estas críticas parecen ignorar un aspecto crucial del ajuste curricular: su contribución en ampliar la deliberación ciudadana en torno a los procesos de aprendizaje del estudiantado. La propuesta del Ministerio de Educación se alinea con una visión del currículum que lo considera un proceso dinámico y flexible, que puede ser adaptado a los contextos específicos de los/as estudiantes y las comunidades educativas a través de la labor experta del profesorado.
En este escenario, en lugar del tradicional proceso de definición elaborado por expertos/as e impuesto desde arriba, estamos frente a la actualización de un currículum con la participación de docentes, equipos directivos, otros profesionales de la educación, convirtiéndolos/as en diseñadores/as de la práctica pedagógica. Esto no solo enriquece el proceso educativo, sino que también fortalece a los/as docentes, reconociendo su profesionalismo y capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno educativo.
Cabe destacar el sello participativo que ha tenido este proceso: se desarrollaron diálogos con distintos actores del sistema, mesas técnicas con especialistas, análisis de las tendencias internacionales, el desarrollo del Congreso Pedagógico y Curricular y la Consulta Pública que inició estos días. Así, las comunidades educativas y la ciudadanía han sido y serán partícipes del proceso en sus distintas etapas: diagnóstico, diseño, evaluación y retroalimentación. A partir de estos procesos participativos, el Mineduc ha podido escuchar las necesidades de distintos actores del sistema y con ello, diseñar una propuesta pertinente y actualizada.
El abrir espacios de participación y decisión para las comunidades educativas es una forma de avanzar en el cambio de paradigma educativo, generando mayores grados de democracia en la toma de decisiones curriculares. El propósito y el contenido del acto educativo se vuelve un asunto público, haciendo del currículum un bien común del cual todas y todos tenemos tanto el derecho como el deber de participar. Contar con una propuesta curricular más actualizada y adaptable a las necesidades de las muy diversas comunidades educativas del país es un aporte para el sistema escolar.
