Fiscal Nacional quedó con gusto a poco con proyecto de aumento de planta del Ministerio Público

El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, junto con valorar el envío del proyecto de ley que amplía la planta de fiscales y funcionarios del Ministerio Público aseguró que la cifra propuesta por el Gobierno al Congreso es “insuficiente”.

El jefe nacional del Ministerio Público apuntó que con esto “se cumplió un compromiso que se adquirió en el Parlamento, primero, no voy a generar polémicas artificiales donde no las hay. No se accedió a todo, no se accedió a todo. No es lo que queríamos, no es lo que queríamos, pero es un avance muy importante y estamos junto con valorar, esperamos que se mejore en el Parlamento”, dijo Chahuán.

El Fiscal Nacional resaltó que “hay que rescatar lo positivo. La Fiscalía esta haciendo su trabajo lo mejor que puede, eficientemente. Comparémoslo con la realidad de fiscalías a nivel mundial, y sobre todo a nivel latinoamericano, pero creo que con este aumento de dotación perfeccionado se puede mejorar aún más la labor de la Fiscalía. No voy a entrar en una polémica, sería como echar a perder un asado que se está haciendo. Todavía no se envía el proyecto y quieren que digamos que no es bueno, si es bueno el avance”, puntualizó.

El texto, enviado por Interior y firmado por el ministro Rodrigo Hinzpeter y el Presidente Sebastián Piñera, compromete un aumento en la dotación que consiste en 70 fiscales y 300 funcionarios adicionales.

En la actualidad el Ministerio Público cuenta con 666 fiscales y 3.026 funcionarios, por lo que este proyecto implicaría una expansión del 10% en el personal, lo que representa un incremento de casi $15.000 millones respecto del presupuesto 2012 de la Fiscalía.

Esta mayor dotación viene a responder a una demanda histórica de los fiscales, quienes han hecho ver -incluso con paros, como el realizado en agosto de 2011- que el personal actual es insuficiente para atender la cantidad de casos que reciben.

Las tres unidades que el proyecto pretende implementar son la Fiscalía de Alta Complejidad, que indagará causas de mayor gravedad como terrorismo, tráfico de drogas, corrupción y lavado de dinero, donde dispondrá de 24 fiscales y 58 funcionarios; luego tendrá cuatro Unidades de Análisis Criminal, que apunta a investigar el crimen organizado, ya sea en el robo de vehículos, receptación y tráfico de drogas y contará con 22 fiscales en tres regiones del país, y también potenciar las unidades de tramitación de causas de menor y mediana complejidad para dar mejor respuesta a víctimas de delitos menores como robos y hurtos, donde habrán 23 nuevos fiscales y 145 funcionarios.

Empleados

“Calificamos como insuficiente el anuncio hecho por el ejecutivo y manifestamos nuestro profundo malestar por el desconocimiento que tuvimos respecto a su contenido durante la elaboración”, dijo en un comunicado la Federación Nacional del Ministerio Público.

Asimismo sostienen que “es impresentable que el análisis, discusión y texto que le da vida a este proyecto, fuera discutido entre cuatro paredes en el Ministerio de Justicia y a espalda de las organizaciones sindicales que representan a funcionarios y fiscales de esta institución”.

A lo anterior –sostienen- “se suma el hecho de que durante un largo periodo estuvimos inmersos en un contexto polémico -en ocasiones burdo- en donde el ministro del interior dedico varias intervenciones mediáticas al ataque y desprestigio del Ministerio Público, sin que esto permitiera un debate serio respecto de la calidad de la justicia chilena, la seguridad ciudadana o la carrera funcionaria de quienes nos desempeñamos en esta institución. Situación que solo contribuyó a mermar la imagen de la Fiscalía de Chile y la confianza de la ciudadanía hacia nuestro trabajo”.

La Federación afirmó que “si bien, el análisis hecho por organismo expertos como el BID y Paz Ciudadana cifraron la necesidad de dotación del Ministerio Público por sobre los 1.000 trabajadores (fiscales y funcionarios) el ejecutivo anunció un ingreso que no supera la mitad de la dotación requerida y que a todas luces no puede revertir el colapso y sobrecarga laboral que afecta a la institución hace varios años”.