Caso Penta: Consejo de Defensa del Estado se querella por cohecho contra sociedades de Hugo Bravo
El escrito va dirigido en contra de Inversiones y Asesorías Challico y Administración Santa Sarella, a través de las cuales se le pagó al ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez, actualmente condenado a cinco años de libertad vigilada en el caso fraude al FUT, origen de las investigaciones de presunto financiamiento irregular de la política.
Por RedacciónLa matriz, o causa original de los casos Penta y SQM es el fraude al FUT, donde una serie de personas lograban obtener dinero de manera fraudulenta, bajo el concepto de devolución del Fisco. Uno de los principales implicados en este caso es el ingeniero comercial Iván Álvarez, ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos, el que lograba gestionar estas devoluciones.
Hoy Álvarez se encuentra condenado a libertad vigilada extensiva por orden del Octavo Juzgado de Garantía, después de haber pasado preso dos de los cinco años a los que fue condenado inicialmente.
En su labor de lograr devoluciones fraudulentas de impuestos es que Álvarez también terminaba recibiendo dinero de las personas con las que trataba. Una de estas es el ex gerente de Penta, Hugo Bravo.
En esta jornada, el Consejo de Defensa del Estado presentó ante el mismo Juzgado de Garantía una querella en contra de las sociedades de Bravo –Administración e Inversiones Santa Sarella Limitada e Inversiones y Asesorías Challico Limitada– por el delito de cohecho (o coima).
En el escrito plantean que Iván Álvarez participó en devoluciones de impuesto a la renta fraudulentas por concepto de pérdidas tributarias en los años 2007, 2009 y 2009 en las sociedades mencionadas.
Hugo Bravo, según la querella, “había obtenido estas devoluciones improcedentes de impuesto por concepto de Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (…) a través de la presentación de declaraciones rectificatorias de Formulario 22 sobre Impuestos Anuales a la Renta con información falsa”.
Luego, se establece la forma cómo se habría configurado este cohecho a un funcionario público (Álvarez), ya que “por intermedio de la gestión del contador, actualmente fallecido, Jorge Valdivia, el cual concertado con el funcionario público Iván Álvarez, cobraban un porcentaje de tales devoluciones que era pagado por las empresas Administración e Inversiones Santa Sarella Limitada e Inversiones y Asesorías Challico Limitada a título de ‘coimas’ al funcionario público, el cual realizaba todas las gestiones para la obtención de las devoluciones improcedentes, infringiendo gravemente los deberes de su cargo”.
Esta querella va contra las sociedades de Hugo Bravo en el marco de la ley de responsabilidad penal de identidades jurídicas.
