Caso Caval: abogado querellante solicitará prisión preventiva para Natalia Compagnon

En caso de que el Tribunal Constitucional no aplace la formalización de este 29 de enero, del caso Caval, serán 13 personas las que desfilen ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, para que se les comuniquen los cargos por los que se le investigan, en la indagatoria sobre la compra-venta de un terreno en la comuna de Machalí.

Los delitos son múltiples: presunto soborno, cohecho, prevaricación, ventajas indebidas de la Ley de Quiebras y supuestos y diversos delitos tributarios.

Para que una investigación avance, una de las conclusiones de una audiencia de formalización responde a discutir las medidas cautelares de los involucrados. Entre estos 13 mencionados se encuentra la esposa de Sebastián Dávalos y nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, copropietaria de la empresa Caval junto a Mauricio Valero, quienes compraron el predio en la comuna de la V región tras obtener un crédito del Banco de Chile por 6 mil 500 millones de pesos.

El abogado querellante y representante del cientista político Diego Acevedo, Mario Zumelzu, indicó a La Tercera que “vamos a ir por medidas cautelares intensas, como la prisión preventiva contra quienes están como querellados por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Se trata de un delito tributario que afecta la fe pública y que arriesga pena alta”.

La argumentación que presentará este abogado responde a que en el caso de Compagnon –querellada por el SII- “será formalizada por declaraciones tributarias falsas, y la agravante que tiene es que es una conducta reiterada (…) esto, a nuestro juicio, tiene pena de crimen. Según el Código Tributario, la penalidad va desde los tres años y un día a cinco años. Con la aplicación del artículo 351 del Código Penal, puede llegar a 15 años, porque su conducta es reiterada”.

Si bien fue el SII el que presenta las querellas o denuncias en casos donde existan supuestas irregularidades tributarias, Zumelzu asegura que ostenta la “legitimación activa” para pedir medidas cautelares por estos delitos, ya que –de momento- todas las aristas del caso (incluso la tributaria) están bajo un mismo Rol Único de Causa o RUC.

Pese a esta argumentación, el Ministerio Público se encuentra analizando el grado de colaboración que han tenido los imputados antes de definir estas medidas cautelares. Sin embargo, por la pena de los delitos, estas medidas no tendrían la dureza que supone el estar en prisión preventiva.

Por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) se presentaron querellas en este caso en contra del socio de Compagnon, Mauricio Valero, y el síndico de quiebras, Herman Chadwick, quien administró la quiebra de Patricio Wiesner, a través de la venta del predio a Caval.

Valero es acusado por el CDE de soborno, el que habría tenido por objetivo cambiar el uso de suelo y aumentar el valor de los predios. Esto se fundaría en los pagos al gestor inmobiliario y operador político Juan Díaz (ex UDI), por 20 millones 323 mil 620 pesos entre junio del 2013 y marzo del 2014. Estos habrían estado dirigidos a trabajadores de la municipalidad de Machalí, Jorge Silva Menares, su esposa, y la arquitecto Cynthia Ross.

En tanto, en el caso de Chadwick, se le imputó apropiación indebida y soborno. Esto, porque el síndico habría tomado 415 millones del convenio preventivo Wiesner S.A. sin informar a los acreedores de esta firma, para pagárselos a Juan Díaz. Según el CDE, el destino de este dinero era sobornar a Ross y a Silva, para cambiar el uso de suelo.

Asimismo, el dueño original de los predios, Patricio Wiesner, se querelló en esta causa contra el síndico, por dos conductas supuestamente ilegales: el pago de estos 415 millones a Díaz sin informar a los acreedores, y por haber recibido 96 millones de pesos como “premio” por lograr un buen precio por los terrenos. Esta querella apunta a eventuales delitos en la Ley de quiebras y estafa.