Caso Basura: sigue el juicio contra el Sabat y su ex asesor jurídico
Se trata del primer juicio oral que impulsa la Fiscalía Metropolitana Occidente por los delitos de fraude al fisco en el contexto de las licitaciones por servicios de extracción de basura adjudicados a la empresa KDM.
Por Redacción EL DÍNAMO
En el Tercer Tribunal Oral Penal de Santiago se realiza hoy una nueva jornada del juicio contra el ex alcalde Pedro Sabat Pietracaprina y su exdirector jurídico Marcial Araya Hernández, en la arista Ñuñoa del caso Basura en que se investigaron presuntos hechos de corrupción.
Se trata del primer juicio oral que impulsa la Fiscalía Metropolitana Occidente por los delitos de fraude al fisco en el contexto de las licitaciones por servicios de extracción de basura adjudicados a la empresa KDM. La fiscalía presentará 21 testigos.
Las otras aristas del caso involucran, entre varios imputados más, a los ex jefes comunales de Maipú, Christian Manuel Vittori; de Cerro Navia, Luis Plaza Sánchez y Mario Olavarría Rodríguez, actual jefe comunal de Colina.
En este primer juicio, el equipo acusador está encabezado por el fiscal regional José Luis Pérez Calaf, los fiscales adjuntos Tania Mora Gutiérrez y José Solís Ñancucheo, además de la jefa de la unidad jurídica Claudia Roco Zamorano.
La fiscalía solicita a los jueces que tanto Sabat como Araya sean condenados por fraude, al haber utilizado un subterfugio que va en contra del ordenamiento jurídico, para no respetar la decisión del concejo municipal de Ñuñoa de rechazar la propuesta de adjudicación del servicio a la empresa Demarco, filial de KDM, dado que iba contra los intereses de la comuna.
Según la acusación de la fiscalía, los imputados adoptaron de forma unilateral la decisión de adjudicar la licitación a dicha compañía, que en su operación entre los años 2012 y 2016 provocó un perjuicio fiscal superior a los 524 millones de pesos.
Respecto de las penas solicitadas, el Ministerio Público sostiene que las conductas desplegadas por Sabat y Araya requieren una sanción de 7 años de presidio, una multa del 10% del perjuicio total ocasionado ($524.737.361) y la pena de 5 años y 1 día de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos.
También pide la pena accesoria del artículo 28 del Código Penal, esto es, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, junto con el comiso de las especies incautadas y la condena al pago de las costas.
